T. Cuentas detecta deficiencias en la prevención de riesgos laborales en 2015

El Tribunal de Cuentas ha detectado irregularidades en el reparto de las ayudas de la Fundación Estatal de Prevención de Riesgos Laborales en 2015, dado que el patronato (integrado por la Administración y los agentes sociales) "era juez y parte".

En el informe de fiscalización de esta Fundación, relativo al año 2015, el Tribunal de Cuentas explica que el patronato es el órgano al que le han correspondido, hasta hace poco más de un año, aprobar las ayudas que concede la Fundación y las normas aplicables a cada una de las convocatorias anuales de ayudas.

El Patronato está integrado por agentes sociales, a partes iguales la patronal y los dos sindicatos mayoritarios (UGT y CCOO), que son, a su vez, los perceptores de las ayudas, lo que ha supuesto, en algunos casos, "que las normas no se aplicaran o que se hubieran adaptado según sus intereses".

Así, entre las incidencias detectadas en el informe, se exponen varias acciones en las que, una vez aprobadas, se cambiaron las normas aplicables para adaptarlas a las acciones ejecutadas por determinados agentes sociales.

Asimismo, también ha detectado que la distribución de los fondos entre los distintos sectores de actividad no se efectuó siguiendo los principios recogidos en la convocatoria, en virtud de los índices de siniestralidad, sino primando a unos sectores respecto de otros.

En este sentido, el Tribunal de Cuentas considera que el patronato ha establecido las normas para distribuir las ayudas entre los agentes sociales, aprobando o denegando las acciones, y siendo sus miembros, a su vez, beneficiarios de las mismas.

El Tribunal de Cuentas ha comprobado que el baremo para valorar las solicitudes estaba diseñado de tal forma que únicamente obtuvieran financiación las solicitudes de estos tres agentes sociales, por lo que quedaron sin financiación las del sindicato USO.

La fiscalización concluye que "existe un reparto previo de los fondos entre CEOE, UGT y CCOO" puesto que todas las solicitudes de estos tres agentes sociales obtuvieron financiación y la suma de todas ellas coincidía con el importe total del presupuesto.

En relación con la concesión de las ayudas a las acciones sectoriales la fiscalización observa que los grupos de trabajo no aplicaron los criterios de valoración conforme a lo previsto en las normas aprobadas por el Patronato sino que se distribuyeron según sus intereses.