CCOO y UGT reclaman a la Junta una Ley de Participación Institucional en 2018

Las secretarias generales en Andalucía de CCOO, Nuria López, y de la UGT, Carmen Castilla, han reclamado hoy al Gobierno andaluz una Ley de Participación Institucional para 2018 con la que dar transparencia al trabajo de los sindicatos en los organismos públicos y al destino del dinero público.

Las dos dirigentes sindicales han intervenido hoy en un desayuno informativo del "Fórum Europa. Tribuna Andalucía" y han aprovechado la presencia de varios consejeros de la Junta y de dirigentes de los partidos para demandar una Ley de Participación Institucional en Andalucía, con la que cuentan prácticamente todas las comunidades autónomas, han recordado.

Han basado esta reclamación en la legitimidad que tienen los agentes sociales y, en su caso, los sindicatos que se ganan la representatividad en las elecciones sindicales en las empresas, y han destacado que ambos sindicatos representan a más del ochenta por ciento de los trabajadores andaluces.

Nuria López ha pedido al Gobierno andaluz que incluya dicha Ley de Participación Institucional en el calendario normativo de 2018 y ha defendido la participación de los sindicatos en las políticas públicas.

En el mismo sentido, Carmen Castilla ha afirmado que la Ley de Participación Institucional es de "justicia" y ha señalado que es la "forma más transparente para conocer lo que se hace con el dinero" de los contribuyentes que se destina a financiar el trabajo que realizan los agentes sociales en los distintos organismos de la Junta en los que están representados.

También es una forma de dar a conocer el trabajo que llevan a cabo los sindicatos en los más de 300 organismos de la Junta en los que participan, según Carmen Castilla.

Ambas han expresado su respeto por otros formas de activismos como los representados en las mareas en defensa de la sanidad pública o de la educación, si bien la dirigente de CCOO ha expresado su preocupación por que haya una "estrategia de factores de capital por intentar dividir a la clase trabajadora".

La negociación colectiva ha sido otro eje del discurso de ambas dirigentes sindicales y han reclamado una negociación fuerte con más peso de los convenios de sector, que son los que se "ha intentado cargar" la reforma laboral de 2012, pero no se ha conseguido que "arraiguen los de empresa" gracias al trabajo de los sindicatos y a "algunas empresas serias", han sostenido.

Tras denunciar la precariedad, la alta tasa de temporalidad y la parcialidad "obligatoria" que ha causado la reforma laboral, han reclamado que ningún convenio recoja salarios por debajo de 1.000 euros mensuales al final de esta legislatura y, por ello, han reivindicado un aumento del salario mínimo interprofesional, situado actualmente en 707 euros.

La secretaria general de CCOO-A ha incidido en "desterrar la idea de ver a los trabajadores como un coste ya que son un activo de las empresas" y ha asegurado que la calidad laboral genera "paz social" y esto a su vez mejora la competitividad empresarial.

También ha pedido a las empresas que "cambien la mentalidad y se modernicen con un modelo más flexible, cooperativo y cómplice con los trabajadores".

Asimismo, han defendido mejorar las políticas activas de empleo con un cambio por parte del Gobierno de los criterios de reparto para primar la tasa de paro y han exigido la devolución de unos 1.000 millones generados con la aportación de los trabajadores durante los años de la crisis y que no se destinaron a formación al haberse paralizado.

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