Sectores empresariales rechazan los impuestos sobre la gestión de residuos

Sectores afectados de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) han rechazado el incremento impositivo a la eliminación de residuos en vertedero y los nuevos impuestos a la incineración, coincineración y valorización energética aprobados en Les Corts.

En un comunicado, la CEV explica que representantes de los sectores del cemento, cerámica, construcción, industria y gestión de residuos se ha reunido para valorar estos impuestos medioambientales.

Todos han coincidido en considerar que su aplicación tendrá un "impacto económico directo en la competitividad de las empresas de la Comunitat Valenciana difícil de cuantificar en este momento".

Señalan que el impuesto de eliminación de residuos en vertedero sufre incrementos, en el plazo de medio año, que van desde el 320 por ciento hasta el 733 por ciento.

"Esto supone mayores costes de producción para las empresas, que deben asumir en un corto plazo de tiempo, y que repercutirá en su rentabilidad y en su competitividad respecto a empresas de otras autonomías", reclaman desde la CEV.

Además, destacan que con el nuevo impuesto que grava la valoración energética, la valenciana se convierte en la única comunidad autónoma que penaliza la práctica.

Los sectores afectados han cuestionado "tanto el fondo como la forma" en la que se ha llevado a cabo la aprobación de los incrementos y de las nuevas tasas medioambientales, ya que sostienen que no se han realizado informes que justifiquen la necesidad de estos impuestos y se ha evitado la consulta pública a los afectados.

Por estos motivos, la CEV anuncia que solicitará al Consell la tramitación y aprobación de un Decreto Ley que revise la conveniencia de la aplicación de determinados impuestos y que prevea un incremento ajustado y gradual de tasas hasta 2025.

La CEV también reclama que las medidas que afectan a las empresas y su competitividad sean tratadas con los sectores afectados "en un marco de confianza y transparencia", y se valoren con estudios e informes que analicen el impacto económico y medioambiental de las medidas propuestas.

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