El Estado: ¿También de alquiler?

El Estado y sus distintas administraciones, la estatal, la autonómica y la municipal, son los mayores propietarios inmobiliarios en España. "Si los ciudadanos cada vez optamos más por el alquiler, si reducimos nuestros gastos, si las empresas optimizan el espacio que ocupan, eso mismo también debe hacer el Estado", comenta Adolfo Ramírez-Escudero, consejero director general de CB Richard Ellis. Por eso, según una encuesta entre expertos realizada por CB Richard Ellis, la tercera mejor oportunidad de negocio para los consultores privados se encuentra en el asesoramiento a las administraciones públicas, sólo por detrás del asesoramiento a las entidades financieras y a la gestión de activos para inversores privados. Además, el 95% de los analistas consultados dice que la Administración desatiende su patrimonio inmobiliario. ¿Qué debería hacer el Estado? ¿Vender su patrimonio y "vivir" de alquiler como están haciendo los bancos? De esa manera se abriría una nueva y atractiva oportunidad de negocio para el sector privado. Isabel Benéitez, directora de sector público de CBRE España, comenta en un artículo publicado en el informe inmobiliario "Tendencias": "No solamente ha de pensarse en obtener liquidez mediante las venta de inmuebles públicos, sino que también resulta imprescindible acometer, de manera inmediata, un plan de racionalización de activos y de ahorro de costes inmobilario".

CBRE y PwC han realizado un estudio sobre la necesaria racionalización del patrimonio inmobiliario estatal. El análisis se ha centrado en una muestra aproximada de 230 edificios ocupados por la Administración central, todos ellos situados en Madrid, dentro del cinturón de la M-30, y cuya superficie total aproximada suma cuatro millones de metros cuadrados. Su valor total sería de entre 10.000 y 12.000 millones de euros. Además, hay inmuebles en propiedad vacíos desde hace algún tiempo por un valor que supera los 500 millones de euros. Por otro lado, la Administración ocupa edificios en alquiler que suponen un desembolso anual de 100 millones de euros. Y, por último, de los ratios de ocupación de la mayoría de los inmuebles se desprende que existe un exceso teórico de espacio del 37%.

A juicio de Isabel Benéitez, dentro de la estrategia que recomienda a la Administración incluye la "comercialización inmediata" de determinados inmuebles por un valor de unos 2.800 millones de euros. También "la construcción de un nuevo complejo centralizador de servicios ahora dispersos, capaz de impulsar la liberalización de unos 250.000 metros cuadrados, o la rehabilitación y modernización de una selección de inmuebles con el mismo objetivo".

"Los edificios actualmente vacíos de la Administración Estatal, así como las superficies liberadas al centralizar y optimizar los espacios de trabajo reestructurados podrían salir al mercado de forma gradual, después de haberse gestionado paralelamente, en algunos casos, los necesarios cambios de uso y la calificación urbanística más adecuada para maximizar su valor", continúa Benéitez.

Los expertos tienen razón: hay que racionalizar la ocupación de espacios inmobiliarios por la Administración. Se tienen que hacer reformas para hacer que los inmuebles sean eficientes desde el punto de vista energético. Dejar inmuebles de alquiler para ocupar los que se tienen en propiedad. Pero no sé por qué me da que todos estos consejos de los expertos y consultores inmobiliarios a la Administración pueden tener un punto de aprovechar el árbol caído (el Estado) para hacer muy rentable leña: comprar ahora los mejores inmuebles a precios de saldo a una apretada Administración y, a continuación, alquilarlo con rentabilidades más que interesantes.