¿Una autoridad o un simple intermediario?

Las mal gestionadas sentencias del Tribunal
Supremo sobre la fiscalidad de las hipotecas ha permitido al Gobierno de Pedro
Sánchez proponer la creación de un organismo de defensa de los clientes
bancarios. Con muy diversos nombres, tal propuesta ha estado siempre en la
cartera de los últimos gobiernos desde que en el 2008 el grupo de los ocho
países más desarrollados (G-8) sugiriera a los gobiernos su creación como una
de las fórmulas para aliviar las duras consecuencias para los ahorradores de la
crisis que acababa de iniciarse. La verdad es que sólo Obama -y es seguro que
Donald Trump lo negaría- logró desarrollar tal propuesta hasta convertirla en un
organismo efectivo contra los abusos cometidos por el sector financiero.

En España, todo han sido vanos intentos
desde entonces que chocaron siempre con el mismo problema: ¿Cómo hacer que las
decisiones de ese organismo fueran vinculantes para las entidades financieras?
Porque crear una Autoridad Independiente para la Defensa del Cliente Bancario
no es complicado. Lo difícil es dotarla del contenido adecuado para que sea
algo más que un simple intermediario entre los bancos y sus clientes hasta
impedir que cualquier diferencia entre las partes deba resolverse en los
juzgados. Sólo hay una solución: lograr el compromiso de las entidades
financieras, que desean adherirse libremente, a asumir las decisiones que
adopte tal autoridad. Cualquier otra vía chocará con la posibilidad de que
cualquier conflicto termine en los juzgados, con lo que cualquier autoridad no
será mucho más que el actual servicio de reclamaciones del Banco de España.