Suspense en el juicio contra los Mossos por la muerte de un detenido al que pegaron
Este lunes debería comenzar en la Audiencia de Barcelona, con el trámite previo de la elección del jurado popular, uno[…]
Este lunes debería comenzar en la Audiencia de Barcelona, con el trámite previo de la elección del jurado popular, uno de los juicios más sonados de los últimos años. En el banquillo, seis agentes de los Mossos d'Esquadra acusados de la muerte del empresario Juan Andrés Benítez, fallecido en octubre de 2013 en plena calle del barrio de Raval de Barcelona cuando era reducido, y golpeado por los agentes, que acudieron al lugar tras ser alertados por un discusión menor entre la víctima y un vecino suyo. Además, otros dos mossos erán juzgados por encubrimiento. Por arrojar agua al charco de sangre que quedó en la calle tras la retención de la víctima y por requisar imágenes de móvil de los hechos grabadas por vecinos.
Hoy debería comenzar el juicio, aunque el TSJC deberá pronunciarse sobre si accede a expulsar a la acusación popular del caso, la Asociación Catalana de Derechos Humanos (ACDH), la única parte que se opone a un acuerdo para rebajar las penas a los agentes a dos años de cárcel que no cumplirían y evitar el juicio con una sentencia de conformidad.
Sin cárcel
La Fiscalía pidió once años de prisión para cada uno de los seis agentes acusados del homicidio de Benítez, pero en los últimos meses ha estado negociando un pacto con las defensas y la acusación particular ejercida por la hermana de la víctima, por el que los mossos aceptarían una pena de como máximo dos años de cárcel que, al carecer de antecedentes, les libraría de entrar en prisión. En contrapartida, los agentes reconocerían que causaron la muerte de Benítez por emplear una fuerza desproporcionada en la reducción.
La acusación particular es favorable al pacto porque quiere acabar ya con este proceso y no alargar más el sufrimiento. En el preacuerdo entre las defensas el fiscal y la acusación particular también se contempla una indemnización superior a los 100.000 euros inicialmente previstos para los familiares de Benítez. Y penas de multa para los ados agentes acusados de encubrimiento, que afrontan un año y medio de cárcel.
El acuerdo, sin embargo, no ha llegado a buen puerto por los reparos de la acusación popular que la ACDH ejerce en la causa. Su abogada, Laia Serra -que también representa a Ester Quintana, la mujer que perdió un ojo supuestamente por una pelota de goma de antidisturbios de Mossos- , rechaza pactar con los agentes imputados una condena por homicidio imprudente. Entiende que ello alimentaría la impunidad policial. Según algunas fuentes, Serra podría acceder a sumar al acuerdo con el resto de partes si la Consejería de Interior se comprometiera a expulsar a los mossos acusados del cuerpo. No obstante, Interior sólo accede a comprometerse a que los agentes, que actualmente siguen de servcio aunque no en Ciutat Vella, no harán trabajos de patrullaje.
Para forzar el pacto, las defensas -aliadas con la fiscal Elena Contreras y el abogado de la familia, David Aineto- han intentado en dos ocasiones, sin éxito, expulsar a la acusación popular: el TSJC delegó la decisión en el magistrado presidente del jurado, José Luis Ramírez, que descartó expulsar a la ACDH argumentando que ello "limitaría gravemente" sus derechos. Los abogados de los mossos recurrieron "in extremis" la decisión de Ramírez, de nuevo ante el TSJC, y éste, tras celebrar el pasado jueves una vista de apelación, tiene previsto resolver este mismo lunes, primer día del juicio.
Para dejar al margen a la Asociación de Derechos Humanos, representada por la abogada Laia Serra, las defensas se aferran a la última reforma de la Ley de enjuiciamiento criminal (LEC), aprobada el pasado mes de diciembre y que establece que una acusación popular solo puede personarse si así lo acepta la acusación particular ejercida por los perjudicados.
La juez de Barcelona que investigó el caso ha enviado a juicio a los seis agentes acusados de un delito de homicidio -doloso, en que el procesado asume las altas probabilidades de causar la muerte a la víctima-, tras concluir que acabaron con la vida de Benítez al reducirlo de forma "violenta y desproporcionada".
«Múltiples causas»
Por su parte, tanto la Fiscalía como la acusación particular acusan a los agentes de homicidio doloso, pero subsidiariamente aceptan que puedan ser condenados por delito de homicidio imprudente, castigado con penas de entre uno y cuatro años de prisión.
Uno de los argumentos que esgrimió la fiscal para defender un preacuerdo es que el juicio, con jurado, puede tener un resultado incierto. Porque los forenses concluyeron que Benítez murió debido a "multiples causas", sin poder precisar cuál fue la decisiva. Murió por la suma de los golpes recibidos, la actuación policial y el estrés que le provocó y la ingesta previa de cocaína, a la que se sumó un enfermedad cardíaca que sufría Benítez, concluyó la autopsia.
