¿Quiénes han sido los responsables de la liquidación del Banco Popular?

Si hay un refrán que resume claramente lo que ha sucedido con la liquidación de esta histórica entidad financiera española es «Entre todos la mataron y ella sola se murió». Todos los responsables intentan escurrir el bulto. 

El primero en salir a la palestra el pasado lunes, en una entrevista publicada por el diario ABC, fue el que durante la última década ha presidido el Banco Popular. Ángel Ron se mostraba «desolado» y «perplejo» por su intervención y posterior venta simbólica por un euro. «Cuando dejé el banco en febrero, era un banco solvente, con un capital que superaba de largo los requerimientos del supervisor europeo, con liquidez para soportar crisis peores que las generadas por Lehman Brothers y con un plan de gestión para desarrollar en este ejercicio», aseguraba en esta entrevista en la que intentaba despejar muy lejos del área la pelota de su responsabilidad. 

También dio otra patada a seguir en su comparecencia parlamentaria el ministro de Economía, Luis de Guindos. Eludió la responsabilidad del Ejecutivo en este proceso y acusó, sin citarlo, como uno de los culpables de lo sucedido, al último presidente del Popular, Emilio Saracho, quien solo ha estado en el cargo cuatro meses. Guindos cargó contra él por no concretar ningún plan para el banco en la junta de accionistas celebrada el pasado mes de febrero, habló también de fallos de gestión y de cómo todo eso provocó que los ayuntamientos y las comunidades autónomas retiraran fuertes cantidades de depósitos del banco.

Para rematar la faena, la Asociación de Inspectores del Banco de España (AIEB) han puesto en el punto de mira a los supervisores, porque no entienden cómo una vez detectados los primeros síntomas de problemas en el Popular, en vez de poner en marcha medidas que pudieran frenar esa situación «se decidió permitir que la enfermedad siguiera su curso hasta convertirse en incurable», apuntan los inspectores del Banco de España, que también ponen en duda el informe de Deloitte que cifraba el agujero del Popular entre 2.000 y 8.000 millones de euros, y que fue el que precipitó su intervención. A los inspectores les resulta llamativo un rango tan amplio en la valoración. «Esto lleva a pensar que los 'escenarios' son de una diversidad extrema, o el 'experto' no lo es tanto, o no lo es su independencia», señalan desde la AIEB.

La lista de responsables de la liquidación del Popular sigue creciendo. Los bufetes de abogados tienen que disparar en todas direcciones.