Otegui seguirá inhabilitado pese al fallo de Estrasburgo

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ha dado la razón al dirigente batasuno Arnaldo Otegui, al considerar que no tuvo un juicio justo en la Audiencia Nacional porque una de las magistradas que le condenó podría haber tenido una animadversión hacia el condenado. La decisión no entra en el contenido de la sentencia en sí, ni ordena ninguna compensación para el terrorista. Este conoció la decisión de los jueces cuando se encontraba precisamente en Bruselas, en un acto promovido por eurodiputados favorables a las tesis independentistas de varias regiones europeas y lo ha celebrado diciendo que espera que esto tenga consecuencias en su condición de inhabilitado para cargos públicos.

El argumento concreto de la demanda de Otegui y que los jueces de Estrasburgo han apreciado fueron las palabras que pronunció la magistrada Ángela Murillo en el juicio por la organización de un homenaje al etarra José María Sagarduy. En el curso de la vista, la magistrada le preguntó directamente a Otegui si condenaba el terrorismo de ETA. Cuando Otegui dijo que se negaba a responder, la juez apostilló: «Ya sabía yo que no me iba a contestar esa pregunta».

La demanda de Otegui en Estrasburgo también pretendía cuestionar la imparcialidad del entonces presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, por su militancia en el Partido Popular y del magistrado Antonio Narváez, que siendo fiscal impulsó la ilegalización de Sortu. En este caso, el Tribunal de Estrasburgo ni siquiera admitió la cuestión por considerar que se trataba de «argumentos maliciosos».

A lo largo de todo el proceso, el terrorista Otegui sostenía que la magistrada Murillo ya había mostrado su parcialidad en un juicio anterior por enaltecimiento del terrorismo, del que acabó siendo efectivamente excluida. Más adelante, en septiembre de 2011 Murillo volvió a presidir el juicio del caso Bateragune en el que Otegui fue condenado en primera instancia a diez años de prisión como dirigente de ETA. Otegui pidió que se la apartara del tribunal, pero la Audiencia Nacional avaló, por siete votos contra dos, la presencia de la magistrada en el juicio.

Ayer, el Tribunal de Estrasburgo emitió la sentencia que considera que en aquel caso sí se violó el derecho de Otegui a tener un juicio justo. Los jueces han dictaminado por unanimidad que los prejuicios mostrados públicamente por Murillo eran «incompatibles» con su participación en el segundo juicio, porque se trataba de un asunto -terrorismo- relacionado directamente con el primero.

Mejor que Francia

Su razonamiento no concluye que la presidenta del Tribunal no fue efectivamente imparcial a la hora de dictar sentencia contra Otegui, sino que estiman que el temor de los reos a que lo fuera estaba plenamente justificado, lo que de acuerdo con el Convenio que rige el Tribunal de Estrasburgo es suficiente para considerar que las reclamaciones de los condenados deban ser atendidas.

En su tradicional extrapolación propagandística de los hechos, Otegui llegó a decir ayer en una rueda de prensa que en España «no existe democracia» porque esta sentencia del Tribunal de Estrasburgo y otras que se han conocido en los últimos meses habría descalificado el sistema judicial español. El etarra ignora deliberadamente que España es, de lejos, uno de los países que menos veces ha sido condenado por ese tribunal de última instancia. Por comparar, en 2017 España fue objeto de seis condenas; Suiza 10, Francia 12, Portugal 13, Alemania 16 e Italia 31.

Puesto que no se impone a España ninguna obligación directa de compensar a Otegui, este deberá solicitar una revisión de su caso para intentar anular su inhabilitación. Según la legislación española, para que se acepte la revisión en el Supremo de una sentencia que ya ha recorrido todas las instancias posibles en España ha de tratarse de un caso en el que la sentencia «haya sido dictada en violación de alguno de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y sus Protocolos, siempre que la violación, por su naturaleza y gravedad, entrañe efectos que persistan y no puedan cesar de ningún otro modo que no sea mediante esta revisión».

La decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos tuvo su eco político de actualidad en Cataluña y el País Vasco, sobre todo, en las filas de los socios de gobierno de Pedro Sánchez. Desde la Generalitat de Cataluña, Elsa Artadi, su portavoz, señaló que la sentencia de Estrasburgo «es una constatación de cómo está la Justicia española» y recordó algunos casos que acabaron en los tribunales europeos como el Atutxa y el Egunkaria.

En este sentido, Artadi defendió que el caso Otegui guarda, en su opinión, «paralelismos» con el juicio en el Tribunal Supremo a los líderes del procés. «Es triste constatar la calidad de la Justicia española», añadió. Además, exigió al Gobierno de España -en una alusión directa a la nula separación de poderes- que «ponga los mecanismos» necesarios para que no se repita con los secesionistas catalanes lo que le ha pasado a Otegui.

Por su parte, desde Junts per Catalunya (JpC) y ERC, partidos que forman parte del gobierno catalán, respaldaron lo manifestado por Artadi e incluso fueron más allá con sus declaraciones. Eduard Pujol (JpC), por ejemplo, calificó de «bofetada con la mano plana» la sentencia de Estrasburgo y exigió la «inmediata» puesta en libertad de los presos preventivos por el procés. Y Anna Caula (ERC) valoró como un «nuevo fracaso de la vía represiva y de judicialización de la política» la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y añadió que, en su opinión, en el sistema judicial español prevalece «el castigo y la venganza política».

Estas alegrías por la sentencia se dieron también en el País Vasco. El PNV envió un comunicado defendiendo que el proceso judicial contra Otegui «constituyó un absurdo político-judicial» y aunque los datos desmienten la posición del PNV, estos aseguraron que: «Esta última condena se suma a una larga y alarmante lista de casos en que las más altas instancias europeas vienen fallando contra el Reino de España por la vulneración del derecho de las y los acusados a un juicio justo y por su falta de imparcialidad».

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