Los obispos piden «despejar» a la educación concertada de ideología
La educación concertada católica es «una fórmula acertada de hacer factible el derecho de los padres a que sus hijos[…]
La educación concertada católica es «una fórmula acertada de hacer factible el derecho de los padres a que sus hijos sean educados según sus convicciones». Además «funciona bien» y es «rentable para el Estado». Así de claro respondió ayer el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José María Gil Tamayo, a las iniciativas de algunos gobiernos autonómicos del PSOE y Podemos de cercenar la financiación pública a estos colegios de titularidad canónica.
Según los datos de la última Memoria de actividades de la Conferencia Episcopal -correspondiente al año 2103- la educación concertada católica supuso para el Estado «un ahorro de 2.850 millones de euros», recordó este jueves el portavoz, durante la rueda de prensa al término de la reunión de la Comisión Permanente de los obispos.
En ella estudian además 1,4 millones de alumnos y trabajan más de 123.000 personas, de las cuales 100.000 son profesores. «Son palabras mayores», recordó el portavoz de la CEE, quien pidió respeto «por las cosas que funcionan bien». «Hay que ir a los verdaderos problemas y despejar de cargas ideológicas a la educación concertada porque no es una cuestión religiosa», recordó.
«Garantía de verdadera democracia»
Los obispos defienden la educación concertada y la inclusión de la asignatura de Religión en el currículum escolar en un marco más amplio que el del simple derecho a la libertad de enseñanza, que reconoce la Constitución. Para los prelados, supone el resultado de un orden constitucional y democrático que garantiza el derecho a la libertad religiosa.
Precisamente el «pleno respeto» a este derecho fundamental fue lo que reclamó ayer el secretario general de la CEE, al recordar que «es garantía de la verdadera democracia». Siguiendo esa línea, precisó que ni la educación concertada católica, ni la asignatura de Religión, ni la asistencia religiosa de los capellanes en espacios públicos como las cárceles o los hospitales suponen «un privilegio» de la Iglesia. «Gran parte de los contenidos de los Acuerdos Iglesia-Estado son de uso compartido con las demás confesiones religiosas, no un privilegio de los católicos», insistió.
Tras el pacto firmado por PSOE y Ciudadanos y que contemplan la revisión de estos Acuerdos, Gil Tamayo aseguró que las leyes y los acuerdos «no son eternos», sin embargo, a renglón seguido recordó que éstos fijaron un marco de convivencia que ha dado buenos resultados.
