La normativa que prepara Carmena contra los monumentos franquistas
El penúltimo culebrón del Gobierno de Manuela Carmena (Ahora Madrid) ha conseguido poner a toda la oposición, de izquierda y[…]
El penúltimo culebrón del Gobierno de Manuela Carmena (Ahora Madrid) ha conseguido poner a toda la oposición, de izquierda y derecha, en contra de la edil de Cultura, Celia Mayer. Tanto es así, que hasta la portavoz de los socialistas (el partido que aupó a la alcaldía a la marca municipal de Podemos), Purificación Casaupié, habló ayer de «chapuza» para calificar la actuación de la responsable municipal en un asunto que fue, precisamente, impulsado por el PSOE. Los errores, rectificaciones, prisas y desconocimientos históricos de Mayer en la retirada de elementos franquistas en Madrid la han puesto en la picota.
El PP, que en un principio pretendía demandarla a ella y a la alcaldesa por prevaricación, se echó para atrás a primera hora de ayer y le dio un voto de confianza: si recula y no retira placas y monolitos a personalidades fallecidas antes del inicio de la Guerra Civil; y espera, en el caso de los verdaderos homenajes franquistas, a la culminación del Plan de Memoria Histórica, a finales de abril, no acudirá a los tribunales. Los populares dan esa tregua después de que Mayer, a última hora de la tarde del martes, ordenara reponer la placa en recuerdo a los ocho carmelitas asesinados el 18 de agosto de 1936 en el cementerio de Carabanchel. Ayer por la mañana, operarios municipales la repusieron, no sin llevarse una reprimenda de los ciudadanos que por allí se encontraban y que, indignados, se desahogaron con ellos ante lo que calificaron como sectarismo por parte del Consistorio de Carmena.
Celia Mayer tendrá que dar la cara y explicaciones sobre el desaguisado en una comisión extraordinaria el próximo 12 de febrero. La petición fue registrada por el PP, que ayer exigió su dimisión o destitución. Porque, argumentan, las prisas de Cultura no solo se han llevado por delante el homenaje a los carmelitas fusilados al inicio de la guerra; sino también un monolito al Alférez Provisional y otra placa, dedicada al panadero y sindicalista de Falange José García Vara, asesinado en abril de 1935, quince meses antes del inicio de la contienda fratricida.
Además, se pretende retirar el conjunto escultórico, en Plaza de Castilla, y la placa, en el que era su domicilio de la calle de Velázquez, 89, al diputado conservador José Calvo Sotelo, muerto de un tiro en la nuca el 13 de julio de 1936, cinco días antes del golpe de Franco. Es decir, casos que no entran en lo estipulado en la Ley de Memoria Histórica.
La portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís, partidaria también de la eliminación de rastros franquistas de los espacios públicos, afeó a la edil: «No tiene derecho a erigirse en tribunal y decidir. Usted está para dirigir la ciudad, pero no para hacer un tribunal ideológico o revanchista. Es fundamental la comisión extraordinaria, donde pediremos responsabilidades. Ante la Comunidad denunciaremos la situación, porque afecta al patrimonio de la región».
Carmena, ante el aluvión de reproches y de errores mayúsculos, emitió ayer por la tarde un comunicado: «Con las primeras actuaciones se han detectado vacíos legales. El Ayuntamiento ya ha empezado a trabajar en la elaboración de un marco normativo con los servicios jurídicos y el equipo de Patrimonio del Consistorio». Hasta que se presente, a finales de abril, se suspende la retirada de vestigios fascistas.
