La letra pequeña de las alegaciones del Gobierno a Bruselas

El Ejecutivo envió a la UE el pasado miércoles sus alegaciones para tratar de sortear la multa por incumplir el objetivo de déficit del año pasado. En un documento de 23 páginas, el Gobierno incluye numerosas medidas, justificaciones, críticas y argumentos para convencer a la Comisión. También calcula el impacto de algunas decisiones y detalla ciertos compromisos de cara al futuro.

La devolución de la extra a los funcionarios costó 2.100 millones en 2015

El reembolso parcial de la extra a los funcionarios el año pasado costó a las arcas públicas 2.100 millones de euros. Así lo recoge el Gobierno e incluye en este cálculo las devoluciones del Estado ?que el año pasado abonó el 50% de la extra?, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos.

El Gobierno aprobó en 2015 la devolución en dos tiempos del 50% de la extra a los empleados públicos de la Administración General del Estado. Por un lado, un 25% se reintegró en enero y el resto, en octubre, lo que tuvo un coste de 230 millones. Posteriormente, el Ejecutivo reembolsó el 26,23% de la mensualidad a los empleados públicos de la Administración Central, lo que suma 251,3 millones más. El resto del montante procede de las devoluciones de comunidades autónomas y ayuntamientos a sus trabajadores.

Gastos extraordinarios

Junto a ello, el Gobierno detalla varias partidas de gasto extraordinarias que tuvo que hacer frente el año pasado para explicar que cerrara 2015 con un déficit público del 5% del PIB en lugar del 4,2% pedido por Bruselas. Entre ellas, las reclasificaciones de inversiones público-privadas en Cataluña, Asturias, Baleares y el ayuntamiento de Zaragoza que sumaron más de 2.000 millones de euros.

Por otro lado, fuentes de Hacienda señalan que la Comunidad Valenciana, Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha tuvieron transferencias de capital por sentencias y demás que elevaron su gasto de forma extraordinaria en 400 millones de euros.

Críticas a la metología de la Comisión

Junto a ello, el Ejecutivo achaca al desvío de las previsiones de inflación de la Comisión Europea hasta siete décimas de las ocho que rebasó el déficit público frente al límite apalabrado. Y critica de forma velada la metodología utilizada por Bruselas para calcular ciertos indicadores y exigir unas metas inconsistentes entre sí.

«España se ha convertido en un caso paradigmático, que muestra las deficiencias de la metodología para calcular la brecha del PIB potencial y el observado. Esto tiene importantes consecuencias, tanto para evaluar la orientación de la política fiscal española como para la credibilidad del saldo presupuestario estructural como instrumento principal para guiar las decisiones de la política fiscal. Cabe destacar que la Recomendación fiscal para España de 2013 demostró ser inconsistente ya que el esfuerzo estructural que se pidió era más ambicioso que el objetivo nominal», resalta.

Unas páginas más adelante, el Gobierno aboga por que instrumentos como la regla de gasto, que limita el desembolso de las administraciones a una tasa referenciada al crecimiento de la economía, cobren más importancia en las reglas fiscales de la Comisión Europea, como recomienda el FMI.

El recorte de gasto de 2.000 millones también se pasa a 2017

Para convencer a la UE de no sancionar a España, el Gobierno también esgrime medidas aprobadas este año para reducir el déficit público, pero que limitarán los futuros presupuestos. Entre ellas destaca el recorte de gasto del Estado de 2.000 millones de euros que el Gobierno aprobó hace unos meses para bajar el desembolso de los ministerios en un 3%. Este recorte se consolidará para el año que viene, de forma que la reducción de gasto será estructural al trasladarla a los presupuestos de los próximos años.

«Se espera que este recorte de gasto tenga un efecto automático en los próximos presupuestos, ya que reducirá el nivel base de gasto público y no se esperan nuevos incrementos de costes en los próximos años», detalla el documento. El recorte de 2.000 millones afectaba, sobre todo, a los ministerios de Fomento y Economía.

Hacienda aprobará el adelanto de cierre de los presupuestos este mes

Entre las medidas que el Gobierno detalla que adoptará próximamente, destaca que las grandes empresas deberán anticipar los 6.000 millones de Impuesto de Sociedades ya este año. Junto a ello, el Gobierno anunciaba que adelantará el cierre de los presupuestos de 2016 a julio de este año. Así lo aprobará pese a estar en funciones. Fuentes de Hacienda señalan que el departamento dirigido por Cristóbal Montoro aprobará una orden ministerial previsiblemente este mes para adelantar el cierre de cuentas y así aplicar las partidas presupuestarias al pie de la letra y evitar que se firmen gastos extraordinarios.

Esta práctica es común para tratar de reducir el déficit a finales de año, y ya la adoptó el propio ministerio en noviembre del año pasado. Lo que no es usual es que sea en una fecha tan temprana como julio. El presidente del Registro de Asesores Fiscales de España (REAF), Jesús Sanmartín, explica que con esta medida el Gobierno «lo único que hace es ajustar los gastos para que no se les descontrolen. Las inversones públicas que tenga previsto el Estado este año se seguirán aplicando». Serán las no contabilizadas y que aún no se hayan firmado las que el Ejecutivo ya no aprobará. Gobierno en funciones, gasto en funciones.

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