Gobierno y PSOE acuerdan la reclamación de las cláusulas suelo

El Gobierno popular y el PSOE han llegado finalmente a un acuerdo sobre la letra pequeña del proceso extrajudicial gratuito que permitirá a los clientes bancarios afectados por cláusulas suelo abusivas reclamar a su entidad financiera lo pagado de más en su hipoteca. De esta forma, el mecanismo será aprobado este viernes en Consejo de Ministros como real decreto.

Este sistema de mediación será vinculante para la banca, que ante la reclamación de un cliente tendrá que estudiar su caso y darle una respuesta ?positiva o negativa? en un plazo máximo de tres meses. En dos meses deberá calcularle las cuantías que abonó de más por cláusulas suelo abusivas y decirle la cantidad que le devolverá en caso de respuesta afirmativa. En los 30 días restantes el afectado debe decidir si la acepta o rechaza y puede pedir a su entidad una contraoferta. Si finalmente rechaza la oferta del banco puede acudir aún a los tribunales.

Una de las novedades que se habría incluido en el texto final por exigencia del PSOE es que las entidades estarán obligadas a comunicar a sus clientes con cláusulas suelo en su hipoteca, uno por uno, que pueden acudir a este proceso para reclamar. La banca rechazaba esta comunicación individualizada.

El banco, en caso de acceder a compensar a su cliente, podrá reintegrarle el dinero en efectivo en su cuenta o mediante otras fórmulas, como reduciendo la cantidad del crédito pendiente de devolver u ofreciendo cambios en las condiciones de la hipoteca como un tipo de interés más bajo. De esta forma, el mecanismo de reclamación deja abierta la puerta a que banco y cliente negocien.

El Gobierno, una vez conocido el dictamente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obliga a los bancos a devolver todo lo cobrado de más por cláusulas suelo abusivas, pretende con este sistema acelerar la reclamación y la devolución de esos importes y evitar el colapso de los juzgados por este asunto. El mecanismo extrajudicial, que es gratuito para los consumidores, obligará a las entidades financieras a un esfuerzo en recursos humanos para atender estas solicitudes. De hecho, y según fuentes del sector, algunas entidades se plantean contratar los servicios de las cuatro principales firmas de auditoría y consultoría para poner en marcha el proceso.

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