Familiares de Ignacio González depositan la fianza de 400.000 euros
Familiares del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González se han personado este miércoles en la Audiencia Nacional para[…]
Familiares del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González se han personado este miércoles en la Audiencia Nacional para depositar la fianza de 400.000 euros impuesta por el juez instructor del «caso Lezo», Manuel García Castellón, para que pueda abandonar la prisión de Soto del Real, en la que permanece desde el 21 de abril por su presunta implicación en las irregularidades del Canal de Isabel II.
Según informa Ep, pasada la una de esta tarde ha llegado a la sede del tribunal tres familiares para consignar el pago de la cuantía establecida y certificar así que son ellos los pagadores de los 400.000 euros. Tras la entrega del dinero, García Castellón procederá a valorar el pago y acordar la libertad del presunto cabecilla de la trama de corrupción en la empresa pública de gestión de agua. El Canal de Isabel II, la poderosa empresa que gestiona las aguas de Madrid, fue utilizada por González y su círculo cercano para enriquecerse ilegalmente, según los investigadores.
El juez instructor considera que el avance de la investigación de la operación Lezo ha disminuido el riesgo de que González continúe delinquiendo y de que se fugue al extranjero. El expresidente de la Comunidad de Madrid fue encarcelado el pasado 21 de abril, tras estallar la operación Lezo. El magistrado relata, sin embargo, numerosos indicios contra González, a quien acusa de tapar los delitos de la trama del Canal cuando Alberto Ruiz-Gallardón, antiguo ministros del Partido Popular, presidía la Comunidad de Madrid.
Para valorar el menor riesgo de reiteración, el juez tiene en cuenta la actuación judicial coordinada con Colombia y Panamá, que ha limitado el «posible manejo de fondos en el extranjero» por parte del investigado. Anticorrupción apoyó suavizar la situación de González a pesar del grave horizonte que dibujan los delitos que le imputan, cuya penas podrían superar los veinte años de cárcel. La prisión preventiva busca evitar que un imputado enorpezca la investigación. Supone encarcelar a una persona que no ha sido aún juzgada ni condenada.
Aun así, el auto expone numerosos indicios sobre las espaldas del expresidente de la Comunidad de Madrid con el Partido Popular. El magistrado acusa a González de servirse de sus cargos públicos «para beneficiarse ilícitamente del patrimonio» de la Comunidad de Madrid, «mediante el abuso de su posición dentro de la administración pública, así como de sus relaciones». Este saqueo se logró con «una actividad delictiva colectivamente ejecutada, en la que cada partícipe realiza una aportación preestablecida para el buen fin del proyecto delictivo», concluye el juez.
La trama se extendió por Brasil, Panamá, República Dominicana o Colombia, con la compra de empresas como Inassa o Emissao. El magistrado también acusa a González de ocultar un informe que advertía de «indicios claros» en la compra de la primera, Inassa, en 2001, cuando Alberto Ruiz-Gallardón presidía la Comunidad de Madrid y por lo que la investigación también apunta hacia él.
El juez detalla que González forzó la declaración de interés público del proyecto del campo de golf del barrio madrileño de Chamberí para burlar las exigencias del Ayuntamiento, que pidió una serie de modificaciones en 2006 para conceder la licencia de obras. González era en ese momento a la vez el presidente del Canal y el vicepresidente de la Comunidad, cargo desde el que instó a tal declaración.
