Eliminar a proveedores considerados de alto riesgo costará entre 30.000 y 40.000 millones de euros a las telecos europeas
Las redes móviles recibirían el mayor impacto, concretamente, de entre 16.000 y 22.000 millones de euros, equivalentes a entre 30 y 42 euros por conexión móvil
La propuesta de la Comisión Europea de excluir de las redes de telecomunicaciones de la UE a proveedores calificados como de alto riesgo, dentro de la revisión de la Ley de Ciberseguridad europea (CSA2), supondría un coste directo de retirada y sustitución de equipos de entre 30.000 y 40.000 millones de euros, unas tres o cuatros veces superior a la estimación inicial de la Comisión Europea.
Así lo señala un estudio de GSMA Intelligence, rama de investigación, análisis de datos y consultoría de la GSMA, la asociación global que representa a más de 1.000 operadores y empresas del ecosistema móvil en todo el mundo. El análisis se basa en datos de siete grupos de operadores —Deutsche Telekom, Fastweb, MEO, Orange, Telefónica, United Group y Vodafone—, que representan casi la mitad de las conexiones móviles y una proporción similar de las conexiones de banda ancha fija de la UE.
Según las estimaciones de la asociación, las redes móviles recibirían el mayor impacto, concretamente, de entre 16.000 y 22.000 millones de euros, equivalentes a entre 30 y 42 euros por conexión móvil. Por su parte, las redes fijas soportarían un coste de hasta 5.000 millones, entre 28 y 29 euros por conexión fija, y las de transporte, entre 9.000 y 12.000 millones, entre 12 y 16 euros por conexión.
Estas cifras se refieren únicamente a la sustitución directa de equipos, y no incluyen la baja contable de los activos existentes, los costes derivados de posibles interrupciones, las limitaciones de capacidad ni otros efectos sobre la inversión futura. La horquilla de coste estimada por GSMA supera la estimación inicial de la Comisión de entre 3.000 y 4.000 millones de euros anuales para redes móviles durante tres años, sin basarse en datos de operadores y sin una evaluación equivalente para las redes fijas.
Pero, además, la reducción del número de proveedores viables abre una segunda vía de impacto económico. GSMA Intelligence estima subidas del 24 % en el precio de los equipos de red móvil, del 19% en los de red fija y del 10 % en los de transporte. Sobre una inversión prevista de casi 42.000 millones de euros en equipos físicos activos entre 2027 y 2030, ese encarecimiento supondría un coste adicional de 8.500 millones, de los cuales 6.600 millones correspondería a redes móviles, 1.100 millones a fijas y 800 millones a transporte. En el caso de extender la proyección hasta 2035, ese mismo sobrecoste acumulado ascendería a unos 24.000 millones.
Tal como refleja el informe, detrás de esas subidas existe un mercado más concentrado especialmente en nichos como el de las redes ópticas pasivas, donde tres proveedores designados de alto riesgo concentran el 70 % del mercado mundial y su salida dejaría un único gran proveedor.
Entre los proveedores afectados aparecen Huawei, ZTE y FiberHome. Huawei destaca con una cuota estimada del 25 % en equipos móviles, del 27,5 % en redes fijas y del 20% en transporte. Asimismo, el informe advierte de que forzar la salida de proveedores considerados de alto riesgo constituye una intervención regulatoria que altera la estructura del mercado de proveedores, reduciendo las alternativas de contratación llegando incluso a crear «monopolios locales» en determinados puntos de la cadena de valor.
El estudio advierte de que los operadores difícilmente puedan trasladar ese sobrecoste a los precios finales, por lo que la respuesta más probable sería recortar o aplazar inversión, ralentizando la modernización de las redes y el despliegue del 5G y 6G, dificultando así que la UE alcance sus ambiciosos objetivos de la Década Digital.
La GSMA recuerda que Europa ya requiere alrededor de 475.000 millones de euros para ofrecer una conectividad de primer nivel, frente a los 270.000 millones que actualmente se prevé movilizar, lo que supone un déficit de 205.000 millones. A esta brecha estructural de inversión se sumarían costes medioambientales y operativos no cuantificados, como toneladas de residuos y un incremento significativo del consumo energético al sustituir los actuales equipos RAN.
