El PP valenciano: de la gloria a la UCI en apenas veinticinco años
De la gloria política a la refundación. De formación hegemómica a la búsqueda de nuevas siglas. El Partido Popular de[…]
De la gloria política a la refundación. De formación hegemómica a la búsqueda de nuevas siglas. El Partido Popular de la Comunidad Valenciana atraviesa la peor crisis desde su historia desde que en 1991, gracias a un pacto con Unión Valenciana, puso la primera pica en el Ayuntamiento de Valencia. La alcaldía de Rita Barberá (una de las fundadoras de Alianza Popular) fue el primer paso para la expansión del poder en toda España. Los populares valencianos lograron la Generalitat (también gracias a los regionalistas liderados por Vicente González Lizondo) en 1995 y catapultaron a José María Aznar a la Moncloa. En los tiempos en los que los populares llenaron por primera y última vez el estadio de Mestalla con más de 50.000 fieles. En las elecciones generales optaron por una sala de la Ciudad de las Artes y las Ciencias con capacidad para poco más de 4.000.
Hoy, la presidenta regional de la formación, Isabel Bonig, de acuerdo con los tres presidentes provinciales, propone la refundación del partido, incluso con un cambio de siglas, hastiada de los casos de corrupción que le han salpicado en los últimos años y que han dado al traste con la transformación de la Comunidad Valenciana que lideró el PP durante cinco lustros.
El comienzo del declive ya se percibió en las elecciones europeas de 2014, pero la catástrofre se consumó en las autonómicas y municipales de mayo del pasado año. A pesar de ser la formación más votada, los populares se dejaron 553.000 votos respecto a la cita de cuatro años antes. Este resultado dejó al PP sin el poder en la Generalitat, en los principales ayuntamientos y en la Diputación de Valencia. Del todo a un casi nada que se reduce a las diputaciones de Castellón y Alicante y los consistorios de Orihuela y Benidorm, las únicas poblaciones de la diez con más habitantes en las que todavía gobierna.
Tras el cataclismo electoral, Isabel Bonig tomó las riendas del partido. Alberto Fabra, que lideró la candidatura autonómica, se marchó al Senado tras un legislatura marcada por los recortes del gasto público, la contención del déficit y el cierre de Radio Televisión Valenciana (RTVV). Rita Barberá, que no pudo revalidar por séptima ocasión su mandato como alcaldesa de Valencia, tomó el mismo camino en dirección a la Cámara Alta. Su archienemigo Joan Ribó, de Compromís, tomó la vara de mando, mientras en la Generalitat se firmaba el Pacto del Botánico entre el PSPV de Ximo Puig, los nacionalistas de Mónica Oltra y Podemos.
La UCO y Anticorrupción han destapado una trama «criminal» infiltrada en las Administraciones desde 2003
Un mes antes, se había apartado a Alfonso Rus, hasta entonces presidente del PP en la provincia de Valencia por las grabaciones del llamado caso Imelsa, hoy conocido como operación Taula y que se ha cobrado su detención junto a otras veintitrés personas , así como otro medio centenar de imputados. La Unidad del Crimen Organizado (UCO) y la Fiscalía Anticorrupción han destapado una «organización criminal» infiltrada en las Administraciones de la Comunidad Valenciana que operaba, al calor de las mayorías absolutas del PP, desde el año 2003.
Bonig logró que en las generales celebradas el pasado 20 de diciembre los populares remontaran con 180.000 votos más que los comicios autonómicos de mayo. De esa forma, el PP volvía a ser la primera fuerza más votada en la Comunidad Valenciana. Así lo ha sido desde el sorpasso al PSPV-PSOE de Joan Lerma en las generales de 1993. Desde entonces, el PP suman veinticuatro triunfos consecutivos (tantos como citas electorales se han celebrado).
El PP se desangra en la ciudad donde comenzó su expansión en toda España
Ni el apoyo de sus votantes ni una estructura con 150.000 militantes (de largo la más numerosa en la Comunidad Valenciana) han podido soportar el goteo de casos de corrupción, jalonado con la operación Taula. La redada de la semana pasada y la implicación de todos los concejales del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia (salvo el independiente Eusebio Monzó) como investigados en un presunto caso de blanqueo de capitales derivado del cobro de comisiones ilegales ha supuesto la puntilla. El PP, de hecho, podría quedar sin grupo municipal en la tercera capital de España, donde gobernó veinticuatro años.
El PP se desangra en la ciudad donde comenzó su expansión en toda España. El exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau, juzgado en la actualidad en la Audiencia de Palma por el caso Nóos, era el encargado de recaudar los donativos de dirigentes y candidatos del PP para sufragar el funcionamiento del partido y las campañas electorales. Mientras, La exalcaldesa de Valencia y senadora del PP Rita Barberá defendió este martes en un comunicado remitido este martes que el grupo municipal del PP «nada tiene que ver» con el Caso Imelsa (que investiga el cobro de presuntas «mordidas» por adjudicaciones desde la Diputación provincial, pero que se ha extendido a otras administraciones).
Sin embargo, la dirección regional y Génova entienden que Barberá (aforada por su condición de senadora) debería dar un paso atrás. El propio Mariano Rajoy sostiene que se le tratará como a cualquier otra militante.
En este caos, el PP de la Comunidad Valenciana camina hacia su refundación. en busca de un cambio de mecanismos de democratización para elegir candidatos y dirigentes y con una menor dependencia de la dirección nacional de Génova. En paralelo, Bonig ya había acordado presentar demandas civiles por daños y perjuicios contra dirigentes corruptos. El PP se siente víctima y no causante. El primero será el exconseller Rafael Blasco, condenado a cárcel por desviar fondos destinados a la cooperación internacional.
Atrás han quedado múltiples muescas en los juzgados y otros pendientes resolver. El otrora todopoderoso presidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra, condenado por delito fiscal. El exalcalde de Torrevieja Pedro Hernández Mateo, también en la cárcel. El exdelegado del Gobierno Serafín Castellano, detenido por una trama de amaños en contratos.
Y lo que queda por venir. El caso Emarsa, un saqueo millonario en una depuradora pública. Varias piezas separadas del caso Gürtel, que van desde la contratación del stand de Fitur hasta la sonorización de la visita del Papa o la financiación ilegal del partido para varias campañas electorales. El caso Valmor, que analiza irregularidades sobre la celebración de la Fórmula Uno en Valencia. La mancha de aceite se extiende a todas las provincias. En Alicante, la macrocausa del Brugal, que ya se llevó por delante las carreras políticas de la exalcaldesa Sonia Castedo y al expresidente de la Diputación de Alicante José Joaquín Ripoll.
En tres meses, el «nuevo PP» quiere comenzar a escribir otra historia que deje atrás veinticinco años.
