El juez investiga si alguna campaña de Aguirre se pagó con adjudicaciones

El juez del caso Púnica, Eloy Velasco, investiga si el Partido Popular de Madrid pagó gastos electorales y de esa formación con dinero que debían destinar por contrato los adjudicatarios a publicitar obras públicas que se les concedían. Según las fuentes consultadas por ABC, los investigadores sospechan que el 1% del presupuesto de las adjudicaciones para construir hospitales en la época de Esperanza Aguirre ?más de 20 millones de euros previstos para publicidad dentro del pliego de condiciones de las mismas? pudo destinarse a otros fines. Se investiga, por tanto, un delito electoral, la financiación de las campañas y la utilización de facturas falsas para ello.

Este hilo de la investigación que trata de demostrar si existió una financiación irregular en el seno del PP de Madrid provocó nuevos registros ?realizados el martes y el miércoles? y una nueva ronda de interrogatorios ante el magistrado. El juez de la Audiencia Nacional también requirió información a empresas públicas y a consejerías de la Comunidad de Madrid, como la de Sanidad, Justicia y Transportes, en las que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil estuvieron presentes. El objetivo es contrastar cómo se gestionaron los contratos y las sospechas señalan, entre otras obras públicas, a los seis hospitales puestos en marcha en Madrid por Aguirre. También se hacen indagaciones sobre el proyecto de la Ciudad de la Justicia.

Sin medidas cautelares

Ante el juez declararon ayer el antiguo gerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez, quien ya era investigado en esta pieza de la operación Púnica; el antiguo presidente de la patronal madrileña, Ceim, Arturo Fernández; y el exconsejero de Transportes y expresidente de la Asamblea de Madrid Ignacio Echeverría, que también fue tesorero de la formación. Los tres están imputados en la investigación y quedaron libres sin medidas cautelares tras comparecer ante Velasco.

Una de las piezas claves en la supuesta financiación irregular sería, según los investigadores, la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam), creada por el PP de Madrid cuando Esperanza Aguirre estaba al frente del gobierno autonómico. Las sospechas sobre esta fundación, que ya fue investigada en el caso Gürtel ?el juez archivó el caso al considerar que el posible delito había prescrito?, han resucitado porque sus actividades se extendieron en el tiempo, hasta al menos 2011, por lo que podríamos estar ante un delito continuado. Aguirre ha negado en varias ocasiones, la última ayer, que Fundescam canalizara pagos irregulares. «Podría haber vigilado la financiación pero no la vigilé», dijo ayer a los medios, alegando que de esa función se encargaron otros.

Futuras citaciones

A Arturo Fernández le cuestionaron los investigadores por una donación de 60.000 euros que una fundación de su propiedad realizó a Fundescam a través de Banca March. Fuentes jurídicas informaron a ABC de que las fiscales preguntaron directamente al empresario si este dinero era para financiar al PP a cambio de favorecerle en adjudicaciones de contratos públicos. Fernández situó esta donación en una más de las que realizaban sus fundaciones para colaborar en labores sociales y económicas y aseguró que nunca fue favorecido en ningún concurso público, todos transparentes.

También le interrogaron por sus relaciones con las dirigentes populares Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, dos rostros enfrentados en el PP madrileño. Otros empresarios que donaron dinero a Fundescam serán citados por el juez para interrogarles según informaron fuentes jurídicas.

Este nuevo impulso a la causa es resultado del análisis de los documentos incautados en febrero de 2016, cuando la Guardia Civil registró el despacho de Beltrán Gutiérrez y el del empresario Javier López Madrid, yerno de Juan Miguel Villar Mir. Esta pieza se encuentra bajo secreto de sumario y fuentes de la investigación insisten en que hay que tener cautela, porque queda mucho trabajo por hacer: «No se trata de un caso del 3 por ciento en Madrid», recalcaron.

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