El juez investiga al exdirector de Turismo Valencia por los contratos para la financiación ilegal del PP
El juez del caso Taula, Víctor Gómez, ha citado como investigado el próximo 15 de febrero al exdirector general de[…]
El juez del caso Taula, Víctor Gómez, ha citado como investigado el próximo 15 de febrero al exdirector general de Turismo Valencia, José Salinas, en el marco de la pieza sobre la presunta financiación ilegal del PP. El magistrado solicitó a los responsables actuales información contable sobre Laterne, la empresa que habría servido para recoger aportaciones económicas por parte de empresas, fundaciones y asociaciones con el objetivo de financiar la campaña electoral de los populares en 2007.
La respuesta fue que no se ha podido encontrar documentación referida a estos contratos y que desde abril de 2015 se había llevado a cabo la destrucción de documentación por dos vías al menos: mediante dos destructoras de papel adquiridas en abril de 2015 (un mes antes de los comicios) y mediante la contratación de la empresa Destrupack, para prestar sus servicios enfrente de las instalaciones de Turismo Valencia en julio de 2015.
El informe apuntaba a dos personas como responsables de ese triturado. En primer lugar, el entonces director general de Turismo Valencia, José Salinas. En segundo, la en ese momento subdirectora -y ahora subdirectora adjunta- de la fundación, Loles Edo.
También recogía testimonios de los trabajadores de Turismo Valencia, que suscribió un contrato de unos 600.000 euros con Laterne. Éstos no recordaban qué trabajos realizó la empresa para la fundación. Apuntaron, eso sí, a que las órdenes de pago de las facturas venían de José Salinas o de la subdirectora de administración y que se efectuaban cuando llegaban las facturas. Ahora, el que fuera director tendrá que declarar como imputado para dar las explicaciones pertinentes sobre estas cuestiones durante su etapa al frente en 2007 y 2008, mientras que Loles Edo ha sido llamada como testigo.
Comprobación de la documentación no destruida
El magistrado solicita igualmente a la fundación que concrete si en la documentación que no fue destruida en las trituradoras y se trasladó a unos almacenes -un palé con once carpetas- se conservan extractos bancarios, procesos internos, facturas o información contable correspondiente a los ejercicios 2007 y 2008 o relacionada en algún modo con la empresa Laterne.
