El exvicealcalde de Valencia «nunca» tuvo capacidad de contratación

El juicio del caso Nóos se ha reanudado este jueves con la continuación de la comparecencia del exsecretario autonómico de[…]

El juicio del caso Nóos se ha reanudado este jueves con la continuación de la comparecencia del exsecretario autonómico de Eventos de la Generalitat de la Comunidad Valenciana, Luis Lobón, quien ayer afirmó ante el tribunal que la primera reunión que mantuvo con Diego Torres, en julio de 2004, le habría sido sugerida de manera informal por el entonces consejero de Economía, Gerardo Camps.

En aquella primera reunión con el socio de Iñaki Urdangarín, estuvo también presente, por indicación de Lobón, el entonces director general de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) de Valencia, José Manuel Aguilar. Torres presentó a ambos, en nombre del Instituto Nóos, el proyecto para la celebración de un evento deportivo.

Tras aquella primera reunión, Lobón le dijo a Aguilar que estudiase si era viable y factible que Cacsa patrocinase el evento propuesto. En caso de que la respuesta fuese afirmativa, tanto el consejero Camps como el propio Lobón darían entonces su aprobación a dicha iniciativa. «Aguilar me dijo que se podía hacer y me pareció perfecto», indicó Lobón. Así nació el primer Valencia Summit, que se celebró en 2004, que contaría con dos ediciones más, en 2005 y 2006.

Tras finalizar la declaración de Lobón, que este jueves no ha facilitado nuevos datos significativos, ha comparecido ante el tribunal quien fue el concejal de Hacienda, Economía y Turismo de Valencia en el mandato 2003-2007, Alfonso Grau, cuya formación académica es la de doctor en medicina. «Nunca tuve capacidad de contratación», ha dicho, a preguntas del abogado de la acusación popular ejercida por el PSOE de Valencia.

Grau era también en aquel mandato el presidente de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau, entidad de naturaleza privada creada en 1991, que también colaboró con los Valencia Summit. Grau ha señalado que todos los convenios que suscribía la fundación se regían por el derecho privado, en consonancia con sus estatutos. La mayor aportación económica anual para dicha entidad la realizaba el consistorio valenciano.

En la jornada de ayer había proseguido la comparecencia ante el tribunal de varios exaltos cargos de la Comunidad Valenciana. Las respuestas de todos ellos fueron, en lo esencial, coincidentes. En primer lugar, defendieron la legalidad de la decisión de contratar al Instituto Nóos para la organización de los citados eventos deportivos.

En ese sentido, señalaron que Cacsa se rige por el derecho privado y que, por tanto, puede aprobar patrocinios sin la convocatoria de concursos públicos. Asimismo, hubo también coincidencia a la hora de señalar que dichos foros fueron un «éxito» y que se realizaron los preceptivos controles para verificar el cumplimiento de los acuerdos.

Otros argumentos usados por los acusados fueron que ningún organismo detectó anomalías contables una vez realizados los Valencia Summit y que la decisión de suscribir un convenio de colaboración con Nóos no habría estado motivada por el hecho de que su responsable máximo fuese en aquel momento Urdangarín, sino por la supuesta bondad del proyecto presentado. Tanto la Fiscalía como Manos Limpias y la Abogacía de la Generalitat pusieron en duda la veracidad de esas explicaciones.


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