Cs, PSC y PP llevan al Consejo de Garantías los presupuestos catalanes

Después de que esta semana ya lo hiciera el PSC, PP y Ciudadanos llevaron ayer al Consejo de Garantías Estatutarias los presupuestos de la Generalitat para este año. Las tres formaciones cuestionan la disposición adicional 31, que incluye partidas para los procesos electorales, consultas populares y procesos de participación «en el marco de la legislación vigente en el momento de su convocatoria».

Ciudadanos solicitó un informe al considerar que el Govern no aclara si utilizará estas partidas para consultas dentro su marco competencial o para un referéndum ilegal. La formación naranja ya había presentado anteayer otro recurso, en este caso sobre la conocida Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, según recoge Efe.

Cs argumenta una falta de claridad respecto a estas partidas que las hace «ininteligibles e incomprensibles», ya que no se precisa cómo serán usadas estas partidas. «A pesar de la sustancial cantidad que se destina en su conjunto a dicho programas, ningún dato adicional se ha ofrecido (...) ni se ha informado debida, suficiente y claramente sobre el o los concretos procesos electorales y consultas populares», señala el recurso de Ciudadanos.

Asimismo, la formación naranja ha impugnado el fondo de contingencia, dotado con 330 millones de euros, ya que no se fundamenta en el proyecto de ley de Presupuestos, y puede vulnerar entre, otros principios, el de estabilidad presupuestaria.

Una disposición «lesiva»

Por su lado, el PP advierte en su petición de informe al Consejo que la disposición sobre el referéndum es «lesiva». Los populares, que han podido presentar recurso propio porque Cs le ha prestado tres diputados, advierte de que la disposición sobre consultas «facilita al Govern habilitar y aplicar partidas» con el objetivo de «violentar el orden constitucional y estatutario». Así, normas que «habiliten y facilitan al Govern a infringir la Constitución, como es el caso de la disposición adicional 31, han de ser también consideradas lesivas del orden constitucional y estatutario».

Así, el PP pide al CGE que no caiga en la «trampa» de una hipotética futura legislación catalana, pues «en Cataluña no es posible otra legislación en materia de referendos que la vigente actualmente», ya que cualquier otra normativa «implicaría una modificación del Estatut y de la Constitución».

Con la misma finalidad, el PSC llevó el martes los presupuestos al Consejo Garantías. Su portavoz parlamentaria, Eva Granados, explicó que lo hacían ante las «dudas» de la disposición adicional 31. En ese sentido, comentó que «no se puede hacer un presupuesto con una reserva de dinero en función de cambios legislativos que no dependen del órgano que ha de ejecutar esa disposición» y comentó que el Consejo «no puede ignorar el contexto de esta situación política». El Consejo dispone de un mes para emitir dictamen.

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