Archivado el caso por los incidentes de la Armada con Greenpeace

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha archivado la causa que investigaba los incidentes de 2014 entre militares de la Armada y activistas de Greenpeace que intentaban abordar buques de Repsol en aguas cercanas a las Islas Canarias. El magistrado considera que los militares estaban desarrollando «una función de seguridad y mantenimiento del orden público», protegiendo la zona de exclusión a la navegación marítima, como les había ordenado la Marina Mercante.

El suceso tuvo lugar el 15 de noviembre de 2014, cuando activistas de Greenpeace intentaron acceder a las aguas donde buques de la empresa energética realizaban labores de prospección petrolífera, autorizadas por el Gobierno para analizar si había crudo en la zona. El evento terminó con una activista de Greenpeace herida, denuncias entre los militares y los activistas y una querella de la Fiscalía contra los miembros de la organización por piratería, también archivada.

De la Mata, que ha archivado la causa contra los dos militares y contra la activista de Greenpeace, explica que la actuación de la Armada estaba amparada por la legalidad. Los militares dieron parte a sus superiores de que los activistas no se retiraban de la zona y solicitaron nuevas órdenes, a las que se ajustaron. Así, su comportamiento se adecuó al cumplimiento de su deber, afirma el juez, que añade que las órdenes de los militares se «graduaron» a lo que estaba sucediendo.

Sobre la activista de Greenpeace, el juez asegura que no se puede saber si su propósito «era abordar o no el buque», razón por la que descarta que pudiera cometer un delito de piratería. De la Mata argumenta que su conducta fue «antijurídica», pero no delictiva, puesto que la activista herida no comandaba la lancha, no tuvo dominio de los hechos ni capacidad sobre las otras tres embarcaciones de Greenpeace.

Aun así, el juez explica que los activistas ecologistas mostraron una conducta de clara rebeldía, se adentraron de forma consciente y voluntaria en una zona de exclusión marítima y violentaron la decisión de la Autoridad pública que había prohibido legalmente la navegación en dicha área. Los activistas demostraron con su conducta que no pensaban atender tales órdenes y se colocaron voluntariamente en una situación muy peligrosa. Por ello, la imputación del riesgo se traslada al ámbito de la responsabilidad de las víctimas, concluye el magistrado.










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