USO y CSIF dispuestos a recurrir al TC la Ley de Diálogo Social de La Rioja

Los sindicatos USO y CSIF están dispuestos a plantear diferentes acciones, como solicitar la intervención del Defensor del Pueblo o[…]

Los sindicatos USO y CSIF están dispuestos a plantear diferentes acciones, como solicitar la intervención del Defensor del Pueblo o plantear un recurso ante el Tribunal Constitucional, si se aprueba la Ley de Diálogo Social de La Rioja, que les deja fuera de las mesas de negociación.

Los secretarios generales en La Rioja de USO, Javier Martínez, y CSIF, Juan Vicente Hernández, ha aludido hoy a este anteproyecto de Ley, que está previsto aprobar en el Parlamento regional a finales de mes, con el acuerdo de los grupos mayoritarios, PP y PSOE.

Ambos han reprochado a estos partidos que hayan respaldado este proyecto "para que no haya debate y no se puedan introducir enmiendas" y para "perpetuar viejas fórmulas" de labor sindical "que ya se ha demostrado que no funcionan".

El texto presentado establece que más de 600 delegados de esas formaciones y otras, de los 2.360 que existen en La Rioja, no puedan participar en las mesas creadas dentro del diálogo social, incluso en las referidas a la función pública, donde CSIF es el sindicato mayoritario.

El secretario general de USO ha afirmado que el proyecto "en lugar de abrir el diálogo social, lo cierra y lo blinda en los sindicatos de siempre" y fija condiciones "imposibles de cumplir" para otras formaciones, como el tener el 15% de representatividad y 1.500 delegados.

En La Rioja, ha asegurado, se eligen 2.360 delegados "y UGT y CCOO tampoco podrían cumplir esa regla" ya que cuentan con 995 y 648, respectivamente.

Ha agradecido la receptividad a sus peticiones de los grupos parlamentarios de Podemos y Ciudadanos "mientras que PP y PSOE, lejos del aperturismo del que hablan blindan a UGT y CCOO".

Si se aprueba la Ley como está redactada "los demás sindicatos no estaremos en igualdad de condiciones", ha acusado Martínez, quien ha considerado que este proyecto "fomenta el subvencionismo sindical y patronal" y supone "una compra de voluntades a expensas del Gobierno" de las organizaciones que sí participarán en el diálogo social.

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Además, ha considerado, la postura de PP y PSOE en este asunto "contrasta" con el que "estén dispuestos a rebajar el porcentaje de votos para tener representación parlamentaria, del 5% al 3%" pero "para los sindicatos mantienen inamovible una Ley de 1985 que fija la representación en el 15%".

El secretario general de CSIF en La Rioja ha afirmado que este proyecto "es un ejemplo de lo que, en realidad, les gusta el debate a PP y PSOE" y de que "se intentan perpetuar viejas fórmulas que no han funcionado, como aquel acuerdo por el empleo, que firmaron los mismos, y que iba a bajar el desempleo al 9%".

Hernández ha subrayado que existen disposiciones legales y jurisprudencia que permite establecer la representatividad por debajo del 15% y, especialmente, ha subrayado que el Tribunal Constitucional ya ha marcado que se debe establecer ese criterio "con objetividad y respetando la proporcionalidad".

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Así, ha subrayado, "según esa doctrina, no se puede dejar fuera del diálogo social al 23 por ciento de los trabajadores riojanos y al 30% de los delegados".

Además, ha incidido en que La Rioja "tiene competencias para establecer ese porcentaje por sí mismo" con lo que "estamos hablando de falta de voluntad política de los viejos partidos".

Ambos dirigentes han coincidido en que la medida legal propuesta por el Gobierno tiene también un "trasfondo" económico, dado que el propio proyecto de Ley "establece que el diálogo social tendrá una asignación desde los presupuestos de la comunidad, fijada por quienes están dentro del diálogo social", ha dicho Martínez.

"Es decir, el dinero que asignen dependerá de ellos mismos y, nos tememos que será un montante sustancial", ha proseguido y ha puesto como ejemplo el anterior Pacto Social por el Empleo "que no funcionó, entre otras cosas, porque no se recibía dinero", en alusión a las organizaciones sindicales.

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Hernández ha incidido en que esta Ley también perjudica la "visibilidad social" de todos los sindicatos salvo UGT y CCOO "porque lo que aprueben ellos lo tendremos que aceptar los demás, incluso aunque tengamos más representación en un sector".

Ante esta situación "vamos a hacer todo lo posible para que esta Ley, si se apruebe, no entre en vigor" y para ello están dispuestos a recurrir al Defensor del Pueblo o a presentar un recurso de inconstitucionalidad, han insistido.

Lo que sí han fijado ya son dos concentraciones, para los días 30 y 31 de marzo, ante el Palacio del Gobierno regional y el Parlamento de La Rioja, respectivamente.EFE

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