UGT y CCOO apoyan a sindicalistas de Airbus y denuncian crisis de libertades

Los líderes de los sindicatos CCOO y UGT en la comunidad, que hoy han participado en la concentraciones convocadas en Valladolid para apoyar a los ocho sindicalistas de la empresa Airbus encausados a raíz de una huelga durante 2010, han manifestado hoy que España vive actualmente "una crisis de libertades".

El secretario general de la Unión Sindical de Comisiones Obreras de Castilla y León, Ángel Hernández, ha asegurado ante los periodistas que se está produciendo "una crisis de las libertades y de democracia" y si todo esto hubiera pasado desde siempre "hoy las cárceles estarían llenas".

Hernández ha pedido la derogación del artículo 315.3 del código penal que, en su opinión, "es la base para que trescientos sindicalistas estén encausados por ejercer el derecho constitucional a la huelga y participar en piquetes informativos".

Por su parte, el secretario general de UGT en Castilla y León, Agustín Prieto, ha pedido también la derogación de este artículo y ha dicho que las penas que propone "no se ajustan a la realidad".

Prieto ha destacado que no hay ningún "damnificado" en Castilla y León porque entiende que aquí se "ha conjugado bien" el derecho a la huelga, el derecho al trabajo y la libre protesta.

Sin embargo, Prieto ha resaltado que se "está cercenando" el derecho a la huelga y que este artículo lleva muchos años en vigor sin que se aplicase por una cuestión de "sentido común".

El secretario de UGT ha resaltado también que las fuerzas más progresistas han manifestado su intención de derogar ese artículo porque, a su juicio, "lo que no puede ser es que un día vayan compañeros a la cárcel por el mero hecho de haber ido a una huelga".

Tanto Prieto como Hernández han mostrado "todo su apoyo" a los ocho sindicalista de Airbus que desde hoy están siendo juzgados por su actuación en la huelga general de 2010 y para quienes se piden condenas de ocho años de cárcel para cada uno.

Ambos sindicalistas han entregado un documento a la delegada del Gobierno en Castilla y León, María José Salgueiro, para que se transmita al gobierno "la necesitad" de que se derogue el mencionado artículo.

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