Pensionistas de Álava piden una ley de dependencia gestionada por Diputación

Pensionistas de Álava han exigido hoy una ley de dependencia propia, gestionada por la Diputación foral, así como una revisión de los baremos de valoración de los grados de dependencia y que se acorten los plazos en la resolución de estas ayudas a personas dependientes.

Representantes de la Asociación Pensionistak Lanean han expuesto en la Comisión de Bienestar Social de las Juntas Generales de Álava sus reivindicaciones sobre la aplicación de la Ley de Dependencia en el territorio.

Reclaman además una pensión mínima digna, como exigieron en el Parlamento Vasco y en las tres diputaciones forales, y un aumento de los complementos de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI).

En este sentido han denunciado que un 40 % de las pensiones son inferiores a 600 euros y dos terceras partes menores de 1.000 euros.

El colectivo ha planteado la necesidad de una ley de dependencia propia, regulada y gestionada económicamente por la institución foral, con la necesaria "coordinación" entre la Diputación, el Ayuntamiento de Vitoria y el Gobierno Vasco.

Actualmente el Ejecutivo español aporta a Álava 9 millones de euros para este fin mientras que la Diputación destina cerca de 130 millones de euros, "un argumento más" para exigir que la institución foral gestione los recursos y revise los baremos de valoración, ha opinado el representante de la asociación Enrique Garabayo.

Piden cambios en los baremos que establecen los tres grados de dependencia, así como un acortamiento de los plazos durante el proceso de resolución y un aumento de la plantilla dedicada a ello. Además, exigen que las ayudas se concedan con carácter retroactivo.

Han asegurado que desde la aplicación del Real Decreto del 11 de febrero de 2011, que endureció los requisitos de los baremos de valoración, se dan "casos dramáticos" cuya resolución puede verse alargada en el tiempo hasta el punto de que el dependiente fallece sin ver resuelta su situación.

El colectivo, integrado por 170 socios, ha expresado también su preocupación por la progresiva privatización de las residencias, que se traduce en un "deterioro" de las condiciones laborales de los trabajadores y por tanto en la atención de las personas dependientes.

Por ello exige un aumento de las residencias públicas y sus plazas, así como de la plantilla de trabajadores y cuidadores.

Por otro lado los representantes de la asociación han denunciado que la cobertura del Instituto Foral de Bienestar Social "no es suficiente" y no va a serlo, ante el aumento de personas mayores dependientes y el cada vez menor número de cotizantes a la Seguridad Social. Aseguran que la actuación de este organismo "es lenta" y que los trabajadores sociales "están desbordados" para gestionar las solicitudes.

Por último, defienden un sistema mixto de financiación de las pensiones, que sean públicas e incluyan también a todas aquellas personas que no han cotizado como, por ejemplo, las mujeres que han cuidado familiares a lo largo de su vida.

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