Más de 4.000 funcionarios de prisiones piden "dignidad" y mejoras laborales

Más de 4.000 funcionarios de prisiones de toda España se han movilizado en los últimos meses para defender la "dignidad y el reconocimiento" de su profesión y mejoras en sus condiciones de trabajo, a través de la firma de un manifiesto de protesta, impulsado por la asociación "Unidos Funcionarios de Prisiones".

Según Rafael García, presidente de esta plataforma de trabajadores, la asociación se constituyó al margen de sindicatos y partidos políticos y surgió de forma espontánea en las redes sociales a raíz de la publicación, el pasado marzo, del concurso de traslados, congelado durante los seis últimos años y que provocó malestar en las plantillas por la escasez de plazas y los baremos de puntuación.

En su escrito, los funcionarios de prisiones piden respeto y protección para hacer frente con seguridad a las amenazas y agresiones que reciben de los internos, reclaman medios coercitivos adaptados a la realidad de su trabajo, así como formación "continua y acorde" a las incidencias de su actividad.

Como ejemplo, Rafael García cita a EFE los estrictos protocolos de seguridad que deben seguirse en las cárceles para justificar el uso de escudos, petos antipinchazos o cascos a la hora de repeler una agresión puesto que requieren de un informe detallado del director de la cárcel o del juez de vigilancia penitenciaria.

También insiste en que ellos no van armados y ni siquiera están reconocidos como agentes de la autoridad, cuando sí lo son el cuerpo de vigilancia privada -se lamenta-, por lo que no gozan de presunción de veracidad al testificar en los procesos judiciales que presentan contra ellos los internos.

Estos más de 4.000 funcionarios firmantes del manifiesto, sobre un total de 20.000 trabajadores que componen este grupo profesional, piden un estatuto propio y que se elimine la seguridad privada en el exterior de los recintos penitenciarios para que estos trabajos vuelvan a ser desempeñados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Además, piden concursos anuales para la provisión de plazas puesto que la crisis y los recortes les han hecho perder entre el 16 y el 17 por ciento de las plantillas, así como mejoras en los baremos profesionales de cara a "no penalizar la conciliación familiar", como ocurre ahora.

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