Marcha jornaleros a Sevilla contra petición de cárcel por fraude cotizaciones

Un grupo de jornaleros marcharán mañana a a pie desde La Rinconada (Sevilla) hasta el Parlamento para reclamar a los grupos políticos su apoyo frente a la petición de cárcel de la Fiscalía por un supuesto fraude en las cotizaciones sociales de los trabajadores de dos empresas agrícolas de la provincia de Sevilla.

Fuentes del Sindicato de Comisiones de Base, convocante de la protesta, han informado a Efe de que tienen confirmado la presencia de representantes del PP, de Podemos y de IU mañana cuando lleguen sobre las 12:00 horas a la sede del Parlamento andaluz.

El objetivo es conseguir que el Parlamento andaluz apruebe una declaración similar a la que respaldó por unanimidad la Diputación de Sevilla de apoyo a los trabajadores de las empresas Agrícola Espino, de Osuna (Sevilla), y Baena Franco, de Puente Genil (Córdoba), afectados por las sanciones impuestas por el Servicio Estatal de Empleo SEPE.

Las sanciones cautelares impuestas por el SEPE, cuya cuantía oscila entre 2.500 y 3.000 euros, se deben al incumplimiento de ambas empresas por no haber ingresado durante varios años las cotizaciones sociales de los trabajadores.

Además, también se les ha reclamado la devolución de las prestaciones por subsidio agrario cobradas, que en algunos casos llegaban a los 14.000 euros.

En total los afectados son casi mil trabajadores de Agrícola Espino y unos 200 de Baena Franco, empresas dedicadas a la recolección de fruta.

También se ha abierto la vía penal, amparándose en la reforma del artículo 307 del Código Penal, con peticiones de prisión de seis meses a tres años porque la Fiscalía entiende que hubo connivencia entre los trabajadores y la empresa para defraudar.

Los trabajadores piden a la Fiscalía que se archive la causa abierta contra ellos porque -sostienen- que los responsables del fraude son los empresarios.

La declaración de la Diputación de Sevilla denunciaba que "en vez de arremeter contra los empresarios responsables del fraude se cargue contra las víctimas, en este caso los trabajadores de ambas empresas".

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