Los sindicatos franceses cuestionan la acción policial en sus manifestaciones

El grueso de los sindicatos y asociaciones que organizan las protestas contra la reforma laboral en Francia reclamaron hoy una investigación parlamentaria sobre la acción policial en sus manifestaciones, por considerar que ha habido voluntad de utilizar políticamente los incidentes.

En un comunicado, la Confederación General del Trabajo (CGT) y otras siete organizaciones -entre las que no figura Fuerza Obrera (FO), que también se opone a la reforma- exigieron que se haga "toda la luz" sobre las decisiones del Ministerio del Interior sobre el mantenimiento del orden en los desfiles.

Un anuncio que llegaba poco después de conseguir una victoria ante el Ejecutivo, que finalmente autorizó un itinerario de manifestación horas después de haber anunciado que prohibía el recorrido que inicialmente querían hacer.

Esa prohibición provocó una cascada de reacciones en contra del Gobierno, acusado de tomar una medida contra la libertad sindical que no tenía precedentes en más de medio siglo, desde todo el arco sindical, desde la izquierda, pero también desde una parte de la oposición de derechas y de la extrema derecha.

La CGT y las otras asociaciones justificaron la investigación parlamentaria porque muchos de sus manifestantes han sido "desalojados, perseguidos, heridos, detenidos por las fuerzas policiales cuando no han cometido ninguna infracción".

Y eso -añadieron- cuando a algunos de los responsables de las acciones violentas que se han cometido en paralelo a sus desfiles la policía se limita con contenerlos en cabeza del cortejo, "sin ser neutralizados nunca".

Se hicieron eco de los testimonios de algunos policías sindicados, que se quejan de que las órdenes de sus mandos "parecen tardar en situaciones que exigen una fuerte reactividad".

También denunciaron la actitud de la Fiscalía, que para las personas detenidas por su supuesta implicación en los altercados, reclama que sean juzgados y condenados incluso cuando no hay pruebas contra ellos, por el simple hecho de haber participado en manifestaciones.

Por eso pidieron "también una clarificación del papel del Ministerio Público", sugiriendo una intromisión del Ejecutivo.

En términos generales, insistieron en que "el derecho de manifestarse es un derecho fundamental" y que el Gobierno no puede oponer "la necesaria seguridad a la libertad de expresión y de acciones".

El primer ministro, Manuel Valls, y su titular del Interior, Bernard Cazeneuve, subrayaron hoy, después de la autorización final de la manifestación de mañana, que los sindicatos tendrán que mostrar "responsabilidad" y que no tolerarán "ningún desbordamiento, ninguna violencia".