La secesión llevaría al paro a más de 300.000 personas
Provocaría una masiva fuga de centros de trabajo, no solo de sedes fiscales
Una declaración unilateral de independencia le costaría a Cataluña más de 300.000 puestos de trabajo por la deslocalización industrial y la drástica caída del PIB. Hasta ahora, el golpe secesionista ha desencadenado un acelerado proceso de traslado de sedes sociales, de momento con escaso o nulo impacto laboral. Pero esto sería una leve antesala de la fuga industrial que se produciría si realmente llegara una secesión declarada. Hace tiempo que lo calculó el catedrático Mikel Buesa para una hipotética secesión del País Vasco. Lo analizó en pleno órdago del soberanista «Plan Ibarretxe». Buesa preguntó al empresariado vasco, y la conclusión fue nítida: la cuarta parte de las medianas y grandes empresas tenían previsto irse del País Vasco en caso de secesión y buscar refugio en otros puntos de España.
¿Sería extrapolable al caso catalán? Mikel Buesa indica que «en Cataluña la repercusión de conjunto podría ser incluso mayor», porque también «es más estrecha la interrelación de su economía» con el resto de España y en el contexto europeo.
Éxodo de trabajos
En Cataluña, una fuga del 25% de sus medianas y grandes empresas supondría, hoy por hoy, la desaparición de unas 1.300 compañías y, con ellas, la marcha de los más de 300.000 puestos de trabajo que dependen de ellas. Como ya informó ABC el Gobierno central estima que Cataluña perdería más de 250.000 empleos si se consumara el golpe independentista pretendido por Carles Puigdemont y Oriol Junqueras en connivencia con los antisistema de la CUP.
El traslado de domicilios fiscales que se está produciendo ahora sería una anécdota comparado con la desbandada de centros de trabajo que se produciría en caso de una secesión. El motivo: la independencia dejaría automáticamente a Cataluña fuera del euro, fuera del mercado único y de la libre circulación de bienes y servicios. Y eso desplomaría la competitividad de toda empresa dedicada a producir para vender fuera de Cataluña y unos efectos negativos en cadena. De ahí que a las empresas ya no les bastara en ese caso con un mero traslado administrativo de su sede societaria, sino también de sus centros productivos y de sus empleos si querían seguir jugando en el tablero y con las reglas de la UE.
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