Juez declara ilegal huelga en los principales puertos de Costa Rica

Un juez de Costa Rica declaró hoy ilegal la huelga en los puertos del Caribe, los más importantes del país, con lo que ya suman seis las instituciones del Gobierno en las que ha establecido la ilegalidad del movimiento que hoy cumple 18 días contra un proyecto de reforma fiscal.

El fallo del juez de trabajo Francisco Vargas indica que "la paralización de los servicios que brindan los muelles conlleva una suspensión esencial para el país, toda vez que se paraliza la descarga y carga de los barcos que contienen una serie de divisas e inclusive hasta alimentos".

La sentencia agrega que no se agotaron las vías de conciliación previas al movimiento del sindicato de la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).

En la huelga ha participado más de la mitad de los trabajadores de Japdeva, ente que administra los puertos de Moín, el más importante del país, y Limón (Caribe), por donde se mueve el 85 por ciento del comercio internacional de Costa Rica y además se reciben cruceros.

El Gobierno activó planes de contingencia para mantener activos los puertos, aunque han trabajado por debajo de su capacidad máxima durante la huelga.

El sector empresarial afirma que los puertos han operado a un 70 por ciento de su capacidad.

Este es el sexto fallo de ilegalidad de la huelga en instituciones del Gobierno luego de las emitidas para el Consejo Nacional de Producción, el Ministerio de Vivienda, la Comisión Nacional de Emergencias, el Banco Central y la Junta de Protección Social.

La huelga de diversos sindicatos del sector público contra un proyecto de reforma tributaria que estudia el Congreso entró hoy en su décimo octavo día.

Tras un día de descanso representantes del Gobierno y de los sindicatos regresarán hoy a una mesa de diálogo en su séptima sesión con la mediación de la Iglesia católica, en busca de encontrar una salida a la huelga.

La reforma fiscal, que recaudaría cerca del 1,2 por ciento del producto interno bruto (PIB), busca paliar el déficit fiscal proyectado al 7,1 por ciento del PIB para el 2018 y además frenar el crecimiento de la deuda que este año superará el 50 por ciento del PIB.

La iniciativa de ley tiene como punto estrella la conversión del impuesto de ventas del 13 por ciento en uno de valor agregado (IVA) de la misma tasa pero que gravará los servicios y algunos productos de manera diferenciada que estaban exonerados.

También incluye cambios en el impuesto sobre la renta, renta de capital, renta global y medidas para reducir el gasto público, como por ejemplo la disminución de pluses salariales.

Los sindicatos aseguran que el proyecto afectará más a las personas de las clases medias y bajas, algo que el Gobierno niega al asegurar que el 80 por ciento del dinero fresco que se percibirá con la reforma provendrá del 30 por ciento de la población con mayores ingresos.

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