Intoxicados piden que el Sespa obligue a mutua y a Azsa a asumir tratamientos

La Asociación Asturiana de Intoxicados por Metales Pesados y Otros Agentes Químicos ha emplazado hoy al Servicio de Salud (Sespa) a obligar a la aseguradora FREMAP y a la empresa Azsa a asumir sus obligaciones con los 48 trabajadores víctimas de una intoxicación por mercurio en 2012 y a renovar el convenio para mantener sus tratamientos médicos.

En un comunicado, este colectivo recuerda que FREMAP les prestó asistencia médica mediante un convenio que caducó en 2015 y no fue renovado dejando sin la atención médica adecuada a unos trabajadores que inhalaron vapores de mercurio elemental dando valores de mercurio en sangre 100 veces por encima de lo permitido por la OMS.

Asimismo, critican "la deliberada baja calidad de la prestación sanitaria" por parte del Sespa y la negación de pruebas y consultas con expertos en intoxicaciones por metales pesados alegando que no tienen toxicólogos o negándose a reflejar en los informes médicos los síntomas que los intoxicados les referían.

Además, emplazan a la administración pública y a la mutua a respetar la independencia de los médicos en el cumplimiento de su trabajo después de que se hayan negado a establecer relación entre la intoxicación y muchas de las secuelas que presentan "a pesar de ser comunes a todos o casi todos los integrantes de éste colectivo" independientemente de su edad (de 20 a 62 años).

A su juicio, el Servicio de Salud les ha atendido de forma irregular "cubriendo las espaldas a FREMAP" y apuntan a que la mutua no esté pagando el servicio al Sespa, "que les presta una atención sanitaria como a cualquier otro usuario" sin tener en cuenta su condición de intoxicados por metales pesados.

"Es la administración pública quien tiene el deber, el derecho y la capacidad de exigir a la mutua que cumpla con su obligación como organismo garante subsidiario de la salud de los ciudadanos ya que precisamente para eso les pagamos tanto a sus responsables como a las mutuas, que son entidades sin ánimo de lucro", añaden.

Así, exigen del Sespa y de FREMAP que actualicen el protocolo y el dispositivo de seguimiento "unificando pruebas, diagnósticos y terapias" y las secuelas derivadas de la intoxicación -entre las que mencionan Parkinson, depresiones, ansiedad, insomnio, irritabilidad, pérdidas de memoria a corto plazo, caída de dientes, sordera, pérdida de visión, mareos o dolores- sean reconocidas como tales.

Además, afirman que la mutua ha dado el alta laboral a personas que sufren "gravísimas secuelas" y se ha negado a concederles la baja por recaída, un retraso que, aseguran, provoca que las patologías que sufren se agraven y que aparezcan otras nuevas.

Por último, la asociación acusa a AZSA, que había firmado un acuerdo con los intoxicados por el cual se comprometía a pagar sus gastos médicos, de negarse a seguir haciéndolo "olvidando que se envenenaron trabajando en muy duras condiciones en una parada técnica, en su empresa y a causa de su negligencia".

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