Entidades sociales piden cambios en Ley Renta Básica para evitar perjuicios

Diversas entidades sociales aragonesas creen necesario que se modifiquen aspectos fundamentales y básicos del Proyecto de Ley de Renta Social Básica que el Gobierno autonómico ha enviado a las Cortes para su debate, con el fin de evitar consecuencias perjudiciales para las personas más empobrecidas.

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Así lo consideran el Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Aragón, la Plataforma de Información, Promoción y Defensa de Derechos Sociales y Cáritas Regional de Aragón.

El objetivo de la norma, señalan las organizaciones en una nota de prensa, es configurar un nuevo modelo de protección social que promueva el acceso a una prestación económica básica para las personas y familias en situación de vulnerabilidad, precariedad y exclusión social en Aragón.

Sin embargo, advierten de que la redacción actual del proyecto de ley podría dejar fuera del sistema de protección a posibles beneficiarios de esta medida y podría fomentar la desigualdad, tanto por los términos en los que se desarrolla su articulado como por la indefinición que deja sujeta a su posterior desarrollo reglamentario.

Por ello, proponen ampliar los perfiles de personas en situación de pobreza y exclusión social con acceso a la Renta Social Básica de Aragón de los mayores de 65 años que no pueden ser perceptores de pensiones no contributivas, de determinados perfiles de personas extranjeras de origen extracomunitario y de las personas sin recursos que no pueden certificar su domicilio con el empadronamiento.

También que las prestaciones económicas permitan la cobertura digna de las necesidades básicas, adaptándose a la estructura y composición de cada familia o unidad de convivencia y mejorando los importes y compatibilidades del actual Ingreso Aragonés de Inserción y el umbral de pobreza severa en Aragón.

Reclaman la diferenciación clara de la gestión administrativa burocrática y la intervención social inclusiva y promocional, y que ésta sea regulada como derecho subjetivo, cuyo acompañamiento sea competencia propia de los profesionales del Trabajo Social, mejorando algunos aspectos y plazos del procedimiento administrativo que suele ser el que imposibilita el acceso a los derechos sociales por su deficiente funcionamiento.

Proponen que no se derogue la Ayuda de Integración Familiar, porque supondría dejar desatendidas situaciones de pobreza infantil severa y aboca a la carencia de ingresos a muchas familias numerosas.

Exigen asimismo la financiación con recursos económicos suficientes para asegurar las cuantías económicas de las prestaciones previstas en la ley en un corto, medio y largo plazo, al tiempo que expresan su preocupación por los informes negativos del propio Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno aragonés.

En los próximos días estas entidades plantearán a todos los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón enmiendas en relación con el articulado propuesto.

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