ELA exige al Gobierno Vasco que cumpla con sentencias europeas de interinos

El sindicato ELA ha exigido hoy al Gobierno Vasco que se siente a negociar para dar cumplimiento a las sentencias[…]

El sindicato ELA ha exigido hoy al Gobierno Vasco que se siente a negociar para dar cumplimiento a las sentencias europeas sobre los contratos temporales de trabajadores en las administraciones en relación a los puestos estructurales que ocupan y la equiparación de las indemnizaciones con los empleados fijos.

Alrededor de medio centenar de delegados de ELA se han concentrado frente a la sede principal de Gobierno Vasco, en Vitoria, para denunciar la "precariedad" laboral en el sector público ya que, según sus datos, alrededor de 45.000 trabajadores de las administraciones vascas son eventuales, uno de cada tres.

Recientes sentencias de tribunales europeos han dictaminado que el uso de la contratación temporal en las administraciones para cubrir puestos estructurales debe conllevar una sanción y también han establecido que se tienen que equiparar las indemnizaciones por despido de los trabajadores fijos y temporales o interinos.

En declaraciones a los medios de comunicación durante la concentración, el secretario general de ELA de Servicios Públicos, Igor Eizagirre, ha anunciado que su sindicato ha presentado hoy mismo un escrito dirigido al consejero de Justicia y Administración Pública en funciones, Josu Erkoreka, en el que le exigen que convoque de manera urgente la Mesa General y el Consejo Vasco de Función Pública Vasca para "revertir la grave situación" en la que se encuentran "más del 30 %" de los trabajadores eventuales.

Eizagirre ha opinado que cuando el Gobierno Vasco de Iñigo Urkullu asegura que las sentencias europeas "sólo afectan a 4.000 trabajadores es falso".

Ha exigido que se estabilicen los puestos de los eventuales que ocupan plazas estructurales y que se aborde el asunto de las indemnizaciones a los interinos.

También el dirigente de ELA ha acusado al Gobierno Vasco de apostar por la interinidad y la precariedad como una decisión "política" y ha recordado que desde 2010 se han destruido "más de 21.400 empleos".

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