El Gobierno transferirá más de 160 millones a la Xunta para activar el empleo

El Ejecutivo central transferirá próximamente a la Xunta de Galicia más de 160 millones de euros para fomentar el empleo, una cantidad que se unirá a la parte que se apruebe en la Conferencia Sectorial de Empleo en abril, ha anunciado hoy el delegado del Gobierno en la comunidad, Javier Losada.

Losada ha visitado hoy Hornos Lamastelle en Oleiros (A Coruña), donde ha explicado que el ámbito laboral es uno de los ejes de trabajo del Ejecutivo con un Plan Director por un Trabajo Digno, un Plan de Choque por el Empleo Joven, la subida de un 22 % del Salario Mínimo (SMI) o el aumento de protección a parados y autónomos.

También ha citado las iniciativas para mejorar la situación de las personas con discapacidad, que ahora tienen garantizado el derecho al voto y ven la voluntad del Gobierno para reformar el sistema de tutela en la toma de decisiones, que desarrolla en un anteproyecto de ley, según informa la Delegación del Gobierno.

En el marco de su visita a Hornos Lamastelle, empresa volcada en la integración de personas con diversidad funcional a través de la elaboración de empanadas gallegas, Losada ha subrayado que "la prioridad de estas políticas activas es mejorar la empleabilidad de los jóvenes, garantizar la efectiva implantación de la Garantía Juvenil y favorecer la empleabilidad de otros colectivos vulnerables como son los parados de larga duración".

Por eso, ha remarcado, el Ejecutivo trabaja para "garantizar un empleo digno a todos los colectivos, reforzar la cohesión social y recuperar los derechos laborales y sociales perdidos a lo largo de los últimos años", de manera que el crecimiento económico no implique una degradación de las condiciones de los trabajadores.

En relación con los Centros Especiales de Empleo, como Hornos Lamastelle, el Ministerio de Trabajo ha aprobado un aumento del porcentaje de financiación de las subvenciones por mantenimiento de puestos de trabajo de personas con discapacidad en estos centros, por lo que pasa del 50 % del SMI al 55 %, con veinte millones de euros adicionales.

En estos momentos, el Gobierno trabaja en un anteproyecto de ley para reformar el sistema de tutela en la toma de decisiones de las personas con discapacidad con el fin de cambiar el actual sistema de órdenes judiciales por otro basado en el "respeto a la voluntad y preferencias de estas personas, que serán las encargadas de tomar sus propias decisiones".

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