CSIF critica la fórmula de contrato de la Administración riojana con empresas

El CSIF ha criticado hoy la fórmula adoptada por la Administración para las contrataciones de servicios públicos realizadas por empresas[…]

El CSIF ha criticado hoy la fórmula adoptada por la Administración para las contrataciones de servicios públicos realizadas por empresas privadas, ya que "adolece de mecanismos de control que aseguren la calidad de los citados servicios que reciben los ciudadanos".

El responsable de empresa privada del sindicato, Jesús David García, en una nota, se ha referido a un informe detallado sobre el "Acuerdo Marco de homologación de empresas de vigilancia y seguridad en el sector público de la Comunidad Autónoma de La Rioja".

El acuerdo, ha explicado, "fija los precios máximos de adjudicación para tareas de vigilancia y seguridad en los edificios de los organismos dependientes de la Administración riojana".

García ha recalcado que, "tal y como se efectúan hasta ahora, estas contrataciones carecen de la dotación económica suficiente para que las empresas adjudicatarias de dichos servicios puedan prestarlos con la calidad que precisan".

Al mismo tiempo, "se puedan garantizar los derechos laborales de los trabajadores que los prestancomo la obtención de los beneficios propios de una actividad empresarial", ha precisado.

"En su obsesión por los recortes del gasto, la Administración aplica como único criterio de valoración para la adjudicación de servicios la oferta económicamente más ventajosa, sin ponderar las peculiaridades de los contratos en los que la mano de obra es el elemento fundamental, y casi único, de la actividad a desarrollar", ha subrayados David.

Como ejemplo, ha expuesto las consecuencias derivadas del Contrato Marco en la adjudicación de las labores de vigilancia y control en la Fundación Hospital de Calahorra, "donde la empresa adjudicataria, Alerta y Control S.A., pierde como mínimo 42 céntimos por hora y por cadatrabajador que presta servicios en dicho hospital".

También se ha referido a "la imposibilidad económica de cumplimiento por parte de las empresas de las obligaciones en materia laboral, situando a los trabajadores del sector a un paso de perder muchos de sus derechos, si la empresa decide acogerse al descuelgue del convenio alegando perdidas".

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En tal circunstancia, ha recalcado, "puede llevar a rebajas salariales de hasta un 30%, como ya ha sucedido en algunas empresas del sector denominadas piratas".

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