Las manchas del IBEX 35 en el Mundial de Catar

La selección española de fútbol comenzó el miércoles su andadura por un Mundial de Catar en el que otras representantes del país a nivel internacional, las empresas del IBEX 35, no escaparon del escrutinio al que se está sometiendo a la vigesimosegunda edición del evento futbolístico por excelencia.

Y es que si la elección de Catar como sede del Mundial de fútbol de 2022 se puso bajo el foco social y mediático por las denuncias sobre las condiciones laborales a las que tuvieron que hacer frente los obreros participantes en la construcción de los estadios, carreteras y hoteles necesarios para llevar a cabo la prueba, algunas empresas del IBEX también fueron señaladas por su participación en este proceso.

Un informe de la ONG coordinada por Oxfam y dedicada a «reforzar el compromiso de los bancos y otras instituciones financieras con las normas sociales, medioambientales y de derechos humanos», Fair Finance International, denunció que las grandes instituciones europeas «realizaron grandes inversiones en Catar«, pero que a la vez hicieron «la vista gorda ante las violaciones de los derechos humanos».

Y entre esas entidades, la ONG con sede en Holanda nombró a grandes bancos como BBVA y Banco Santander, y también a constructoras, como OHL y Sacyr.

Nombres que aparecieron en la lista de la institución no gubernamental, pero cuya presencia en Catar defendieron desde partes del mercado, argumentando que es «más fácil» dirigir el altavoz de las protestas hacia un país como Catar, que no a otras grandes potencias que en su momento ocuparon el mismo papel que la nación del Medio Oriente.

La presencia de los bancos del IBEX 35 en el Mundial de Catar

Tal y como explica el informe de Fair Finance International, el boom de la construcción provocado por el Mundial «fue posible gracias a instituciones financieras como bancos, fondos de pensiones y compañías de seguros que financiaron este proceso, así como a las inversiones hechas en empresas de construcción y hostelería activas en Catar, o directamente en el Estado de Catar«.

Más concretamente, la ONG apuntó que desde principios de 2019 hasta la actualidad, las instituciones financieras globales concedieron préstamos a las empresas de construcción y de hostelería seleccionadas para estos proyectos, por un valor total de 85.700 millones de dólares, a la vez que apoyaron las emisiones de bonos soberanos qataríes.

De esta financiación total, casi la mitad (el 47 por ciento) fue proporcionada por instituciones financieras europeas, detalló el informe de la ONG. Y hasta 1.843 millones salieron directamente de España.

BBVA, por ejemplo, prestó un total de 840 millones de euros a empresas de construcción y hostelería con aventuras empresariales en Catar, de acuerdo al informe, que también desglosó la aportación de Banco Santander en 645 millones, la de Caixabank en 136 millones, y la de Banco Sabadell y Bankinter en 81 millones de dólares.

Pero no toda la financiación llegó de parte del capital privado, según matizaba el informe de la institución holandesa, dado que el Instituto de Crédito Oficial (ICO), también financió estos proyectos con hasta 61 millones de dólares.

Banco Santander, por su parte, indicó a Social Investor que el banco «sigue estrictamente los programas de sanciones que prohíben operar con determinados estados o limitan la operativa con ellos».

Concretamente, la entidad financiera se refiere a las sanciones emitidas por la Organización de Naciones Unidas, la Unión Europea, la Office of Foreign Assets Control, y la Financial Crimes Enforcement Network. Organizaciones que no incluyen a Catar en estos listados de sanciones, y que, por tanto, no restringen la financiación al país.

Los retos de las constructoras

Si bien el informe de la ONG quiso denunciar esta financiación a proyectos por parte de unos bancos que, en su opinión, deberían «prestar especial atención a la hora de formular sus expectativas sobre derechos humanos y laborales a las empresas a las que prestan y en las que invierten», tampoco se olvidó de enumerar los problemas planteados por la participación de empresas europeas en proyectos de construcción para el Mundial de Catar.

«Se han gastado miles de millones de dólares en estos proyectos y las empresas contratadas y subcontratadas han obtenido beneficios multimillonarios. Pero los trabajadores inmigrantes, cuya mano de obra es clave para el éxito del evento, no se aprovechan de estos beneficios«, razonaron desde Fair Financial.

Empresas entre las que la institución holandesa incluyó a Sacyr, que participó en varios proyectos de urbanización y alcantarillado, y OHLA, que fue el principal contratista de un Centro Médico y de Investigación, e intervino en el proyecto de metro de Doha.

Al cierre de este artículo, OHLA, al igual que BBVA, no había contestado a las preguntas de Social Investor.

Desde Sacyr, en cambio, apuntaron que, en el 2014, la empresa firmó un acuerdo con los sindicatos españoles de UGT y CCOO basado en «el compromiso conjunto de respetar y promover los principios definidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos».

Un acuerdo cuyo ámbito «alcanza a Sacyr y sus filiales en todos los países».

«De modo que se aplica al 100 por cien de la plantilla. Sacyr […] asume el compromiso de desarrollar sus actividades empresariales y profesionales de acuerdo tanto con la legislación internacional, como con las propias de los países en los que desarrolla su actividad», añadieron.

Desde la ONG, eso sí, señalaban en su informe que uno de los grandes problemas con las empresas de construcción europeas era que tenián «una fuerte dependencia de las empresas de subcontratación y externalización de la mano de obra», provocando «que sus cadenas de suministro sean largas, complejas, difíciles de controlar y, por tanto, propensas a graves violaciones de los derechos de los trabajadores inmigrantes».

Desde Sacyr, no obstante, recalcaron no tener conocimiento «de ninguna queja referida a los proyectos desarrollados por Sacyr en Catar».

«Al contrario, en 2021 el proyecto de Al Meshaf, al sur de Doha, recibió un certificado por alcanzar el hito de dos millones de horas de trabajo sin accidentes», agregaron.

Los riesgos sociales y la dificultad para establecer un criterio de juicio

El señalamiento de parte de la sociedad a estos déficits de Catar en materia de derechos humanos, como se ha relatado largo y tendido, viene marcado no solo por el claro contraste entre las estructuras de poder del país asiático y su limitación de las libertades respecto a una gran mayoría de naciones occidentales, sino también por otros elementos, como un proceso de elección de la sede mundialista inundado por acusaciones de corrupción en la FIFA.

Partiendo de esta premisa, por tanto, no es difícil imaginar que, además de los cálculos de beneficios que pudieran hacer las empresas involucradas con la nación catarí, también tuvieron que pasar sus decisiones por el aro del análisis de riesgo.

Unos riesgos de impacto social que, al menos en cuestión de cotización, no parecen estar afectando a las empresas españolas mencionadas por el informe de Fair Financial International.

En este sentido, Juan Carlos Higueras, analista económico y profesor de EAE Business School, explicó que «lo que no se mide no se puede gestionar adecuadamente», y consideró que «bien mediante metodología propia, o bien utilizando plataformas como IRIS+, las empresas españolas en Catar pueden medir su impacto social mediante diferentes métricas y en diferentes sectores».

Un aspecto sobre el que también incidió el director general de Marsh España, José María Carulla, que sostuvo que «los compromisos de desarrollo sostenible manifestados, y su horizonte temporal de cumplimiento, deben marcar el apetito de las organizaciones a la hora de seleccionar las iniciativas en las que invertir».

«Un adecuado proceso de evaluación y la monitorización continuada del desempeño de esas colaboraciones son el mejor método para mantener el riesgo dentro de los límites tolerables para la organización», aclaró

Higueras, asimismo, concedió que «Catar está siendo actualmente el centro de muchas miradas porque los derechos sociales en ese país están muy cuestionados», pero hizo un apunte al respecto:

«Esto ha ocurrido siempre, pero el altavoz que supone un Mundial de Futbol está siendo utilizado para aumentar las protestas. Si nos vamos a otros eventos como las Olimpiadas en China o el Mundial de Rusia de 2018, también hubo protestas en su momento, quizás de menor magnitud, probablemente porque ir contra China o Rusia no es lo mismo que atacar a un país más débil y pequeño como Catar».

Un miedo a poner en la diana también a países más grandes que Higueras ilustró aclarando que, en la reunión de la COP 27 de Egipto, «no hemos visto ningún tipo de reproche político, empresarial, institucional o mediático contra los países que más contaminan en el mundo, como son China y Rusia, cuyos líderes tampoco se han presentado y cuyas delegaciones han bloqueado acuerdos relevantes».

Sea como fuere, el Mundial de Catar sigue disputándose con normalidad, y las empresas involucradas, funcionando sin sobresaltos en este sentido.