Los sindicatos UGT y CCOO han valorado positivamente que el Tribunal Supremo haya desestimado el recurso de los sindicatos minoritarios contra la Ley de Participación Institucional, y aseguran que esta decisión avala que el desarrollo del reglamento de esta ley "está ajustado a derecho".
Según ha manifestado CCOO en un comunicado, esta decisión judicial confirma que la norma autonómica "se adapta a la doctrina constitucional que otorga a los sindicatos más representativos la competencia de la participación institucional y el derecho a ser compensados por el ejercicio de esta función".
La Ley de Participación Institucional (LPI) se sitúa así "dentro del correcto funcionamiento democrático de un país donde se trabaja desde el conjunto de sus instituciones y con el necesario apoyo de los agentes sociales y económicos", ha asegurado el secretario general de CCOO-PV, Arturo León.
Por su parte, UGT-PV ha valorado positivamente el pronunciamiento del Supremo, que según asegura confirma la apuesta del sindicato por su labor institucional en favor de la sociedad valenciana y su reconocimiento, tanto legal como social, "desde las bases de la transparencia, el trabajo y la verificación objetiva del mismo".
CCOO-PV ha anunciado además que iniciará una ronda de entrevistas con los grupos parlamentarios para trasladarles su posición respecto de la Proposición de Ley presentada en Les Corts por Isabel Bonig, presidenta del PPCV.
CCOO-PV defiende que esta ley supone un reconocimiento formal a la función social que la Constitución Española confiere a los sindicatos y que la Ley Orgánica de Libertad Sindical otorga a los más representativos.
Para ello, en la Comunitat Valenciana se requiere tener el 15 % del total de delegados y delegadas elegidos en el conjunto de las empresas en las elecciones sindicales que se celebran cada cuatro años, mediante un procedimiento transparente y democrático.
De esta manera, añade el sindicato, se compensan los costes derivados de la participación en los cientos de organismos públicos donde se trabaja para la mejora del marco legal y por la defensa de los intereses de la sociedad valenciana, previa justificación y auditoría.
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