UGT reclama la categoría B para que 2.549 funcionarios cobren 1.500 euros más

El sindicato UGT ha demandado la puesta en marcha inmediata de la categoría B para que 2.549 empleados públicos en Castilla y León, sin tener en cuenta los de ayuntamientos y diputaciones, cobren 1.500 euros más al año.

El secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Castilla y León, Tomás Pérez, ha explicado este viernes a los medios durante la presentación autonómica de la campaña que van a desarrollar desde el sindicato que "tienen que actualizarse los viejos esquemas del empleo público con la puesta en funcionamiento de la categoría B".

Asimismo, ha insistido en que, con el actual modelo, se está exigiendo una titulación de técnico superior, que se obtiene con la Formación Profesional, pero a la hora de la verdad el contrato que tienen estos trabajadores es de la categoría C1, es decir, la misma que aquellos cuyos estudios se limitan a la titulación de Bachillerato.

En concreto, según Pérez, están trabajando por debajo de su titulación 1.100 agentes medioambientales en activo, sin tener en cuenta que es un colectivo en el que hay un 30 por ciento de vacantes, además, de 1.449 personas del Sacyl, es decir, un total de 2.549 personas, a los que se suman los técnicos de ayuntamientos y diputaciones.

Por otra parte, ha recordado que la categoría B no es una demanda nueva, ya que lleva doce años de retraso, a pesar de que está recogido en Real Decreto de 2015 y ha criticado que, cuando se llevó a las Cortes autonómicas la Proposición de Ley, no salió adelante por el voto en contra del PP.

En este sentido, Pérez ha indicado que UGT ya se ha puesto en contacto con los diferentes partidos con representación en las Cortes para "arrancarles el compromiso" electoral que dar prioridad a este avance para los funcionarios.

"Con voluntad política", el grupo B podría estar en activo en 2020, ha manifestado.

Por último, ha aclarado que el desfase económico no solo afecta al salario base que para el grupo C1 es de 9.170 euros anuales, mientras que para el B la Junta recoge que sería de 10.676 euros, sino que también les perjudica a la hora de aplicar los complementos salariales, ya que, tal y como detallado, los topes aumentan en función de la categoría.

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