UGT pide a Armengol un complemento de insularidad "digno" para funcionarios

La Federación de Servicios Públicos de UGT en Baleares ha remitido una carta a la presidenta del Govern, Francina Armengol, pidiendo que intervenga para lograr un complemento de insularidad "objetivo y digno" para los trabajadores de la Administración General del Estado (AGE) en las islas.

En la carta, UGT pide a Armengol su intervención para resolver los problemas derivados de la deficiente actualización del complemento de indemnización por residencia, ante la degradación de la calidad de los servicios públicos y de las condiciones personales, familiares y laborales de los empleados públicos, que "ha alcanzado actualmente niveles intolerables".

UGT explica en la carta que los casos de los funcionarios de Ibiza y Menorca, de la administración de Justicia y de instituciones penitenciarias, "son los más notorios pero lamentablemente no son los únicos, ya que en todas las islas y servicios se dan problemas de dotación de plantillas, motivados por la renuncia o traslado voluntario del personal de la AGE, que no puede asumir el elevado coste de la vida y los inconvenientes derivados de la insularidad".

Si bien la gestión de los servicios del Estado no es competencia de Armengol, UGT apela a ella como presidenta del Govern y secretaria general del PSIB-PSOE porque "tiene la responsabilidad y el deber de trabajar para que la ciudadanía de Baleares disfrute de unos derechos, servicios públicos y calidad de vida equiparable a la del resto del Estado".

Según UGT, una vez conseguido el apoyo de todos los partidos políticos de Baleares para reivindicar un complemento de insularidad objetivo y digno, "ahora es el momento de aprovechar la situación política favorable, derivada del cambio de gobierno, para hacer llegar a través de las vías institucionales y políticas este problema al Gobierno del Estado y conseguir una solución definitiva basada base a criterios objetivos".

UGT ha anunciado que, mientras su reivindicación no sea atendida, reforzará sus actuaciones a partir de setiembre, para erradicar "una discriminación intolerable hacia la ciudadanía de Baleares y hacia el personal de la AGE".

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