Las protestas en defensa del sistema público de pensiones "se ampliarán" en Castilla y León a los días 23 de abril -Día de Castilla y León-, en Villalar, y el 1 de mayo -Día del Trabajador-, si el Gobierno central no acepta sus reivindicaciones tras las movilizaciones previstas el 15 de abril.
Lo ha confirmado el secretario general de UGT en Castilla y León, Faustino Temprano, quien hoy ha mantenido una reunión con varias organizaciones de la sociedad civil y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, para explicar dichas reivindicaciones y pedir el apoyo de todos de cara a la manifestación del 15 de abril.
La misma tendrá como lema principal "por unas pensiones dignas y por un trabajo digno" y, en este sentido, ha advertido de que la palabra dignidad se repite porque "los pensionistas, ante todo, son personas, y éstas necesitan dignidad", de ahí que haya mostrado su confianza en que, a partir del 17 de abril "el Gobierno recapacite".
En este sentido, el secretario general de CCOO, Vicente Andrés, ha recordado que las 19 movilizaciones previstas en Castilla y León para ese 15 de abril buscan "la revalorización automática de las pensiones a través del IPC, la eliminación del factor de sostenibilidad y la recuperación del consenso con el Pacto de Toledo".
En su opinión, "el sistema público de pensiones español es uno de los más potentes, porque es garantista, solidario generacional y territorialmente, y ahora corre un riesgo de quiebra real, ya que hay 18.000 millones más de gastos que de ingresos, con un fondo de reservas que termina en junio".
"Es necesario elevar las pensiones mínimas a través de un gran convenio colectivo, para garantizar el futuro de los 10 millones de pensionistas y los 20 millones de trabajadores que actualmente cotizan, de los que 900.000 trabajadores son de Castilla y León y 650.000, pensionistas y jubilados", ha añadido.
El presidente de Asaja, Donaciano Dujo, ha apoyado las movilizaciones organizadas por los sindicatos y ha incidido en la situación de "especial gravedad" de los agricultores y ganaderos, "que perciben las pensiones más bajas de la sociedad, ya que algunas de ellas no llegan a los 700 euros mensuales".
A esto se suma que "han contribuido a la Seguridad Social durante más de 40 años y no han tenido derecho a prestación por baja" y que "si una persona que se jubila no tiene una pensión digna, no podrá dejar la explotación a los jóvenes, lo que contribuirá a la despoblación del medio rural".
Por esto motivo, el responsable de la Alianza UPA-COAG, Aurelio Pérez, ha pedido a los 40.000 agricultores de la Comunidad y a sus familias, a que participen en la movilización del 15 de abril y luchen por "garantizar su futuro", al tiempo que ha reclamado que "se dejen de juegos políticos con este tema".
También el representante de UCCL, Valentín García, ha apoyado unas protestas que considera "justas" porque el sector agroalimentario es "el más perjudicado en el sistema de pensiones", ya que "cobra un 40% menos que el resto de trabajadores" y el problema "puede ser aún más grave si no se remedia".
En la reunión han participado, asimismo, representantes de las organizaciones vecinales y de consumidores, y de militares y policía, que han reclamado "apoyo" a sus afiliados para que, sobre todo en el caso de los militares y policías "acudan de manera individual para unirse a las movilizaciones".
Al respecto, Antonio Presa, de la Confederación de Asociaciones Vecinales de Castilla y León, ha incidido en la necesidad de "garantizar la subida de la carestía de vida en las pensiones" y de la participación de toda la sociedad en la reclamación de sus derechos "para contribuir a la democracia de este país".
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