Comité lleva a Diputación de Sevilla a Fiscalía suspender artículos convenio

El comité de empresa de la Diputación de Sevilla (UGT, CCOO, USO, USTEA y SAT/SAB) ha denunciado ante la Fiscalía a la Diputación por presuntos delitos de prevaricación, falsedad documental y coacción tras aprobar en el último pleno de 2015 la suspensión de determinados artículos del convenio colectivo.

En un comunicado el comité de la institución provincial ha informado de que la denuncia ha sido interpuesta contra el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, el director del área del empleado público, el secretario general, el Interventor General y los diputados que apoyaron dicha propuesta.

El motivo de la denuncia ante la Fiscalía ha sido la aprobación en el último pleno del año de la Diputación, con los votos a favor del PSOE, la abstención del PP y en contra del resto de grupos, de la suspensión de determinados artículos del acuerdo de funcionarios y convenio colectivo para el personal laboral con efectividad desde el 1 de enero de 2016.

Los artículos suprimidos son los premios a la constancia, a la jubilación ordinaria y el modelo retributivo aplicable al personal en situación de superior categoría.

Esta suspensión se acometió tras las conclusiones del informe de fiscalización que hizo la Cámara de Cuentas de Andalucía del ejercicio 2012 y en el que cuestionaba la política de personal de la Diputación de Sevilla y llamaba la atención por cubrir la asistencia médica privada y el gasto farmacéutico de todos sus funcionarios.

Sin embargo, los sindicatos han replicado que la Cámara de Cuentas no tiene entre sus funciones fiscalizar la estructura retributiva de los empleados de la administración local y, además, sus recomendaciones no son vinculantes.

Además, el comité ha denunciado que todo se ha hecho "dejando sin efecto actos y normas vigentes y vinculantes bajo una apariencia de legalidad cuando ningún Tribunal ha suspendido su ejecución, ni la administración lo ha requerido ni se ha iniciado un procedimiento para la revisión de oficio de sus actos".

Igualmente, el comité de empresa ha asegurado que es falso que la Diputación hubiera informado a las secciones sindicales de dicha decisión.

Según los representantes de los trabajadores, cuando se iba a iniciar el proceso negociador el pleno de la Diputación aprobó el "descuelgue unilateral del convenio colectivo alegando que se podría incurrir en prevaricación y que peligraba el cobro de la nómina de enero de 2016 ante la negativa del interventor y el secretario a informar favorablemente" .

Esto supone, según el comité, una "amenaza y posible coacción para eliminar por la vía de los hechos derechos consolidados".

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