Granados acusa a Aguirre y González de controlar todo en la era Púnica
Francisco Granados ha acusado este lunes a Esperanza Aguirre y a Ignacio González, dos expresidentes de la Comunidad de Madrid[…]
Francisco Granados ha acusado este lunes a Esperanza Aguirre y a Ignacio González, dos expresidentes de la Comunidad de Madrid por el Partido Popular, de controlar la administración pública madrileña y los nombramientos de cargos públicos en la era investigada por la Audiencia Nacional, por el despliegue de la trama Púnica de corrupción, una red que amañó adjudicaciones a cambio de comisiones. Los investigadores acusan a Granados de encabezar la trama, que corrompió la función pública y blanqueó las ganancias. Una de las regiones donde la trama actuó con más intensidad fue la Comunidad de Madrid.
En una declaración solicitada de forma voluntaria, que comenzó en torno a las diez de la mañana, Granados ha rebatido las acusaciones de David Marjaliza, el constructor que ha reconocido gran parte de las irregularidades y cuya confesión le ha acorralado. El exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid ha acudido a la Audiencia Nacional dispuesto a aportar «nuevos datos» y a involucrar a políticos en las diversas ramas de la investigación de la Púnica, incluida la que indaga en una supuesta financiación ilegal en el PP de Madrid. Granados cambia de estrategia y despeja así su responsabilidad directa.
Fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio han explicado que Granados ha comenzado contraatacando a Marjaliza y señalando a Aguirre y González. El investigado, y supuesto cabecilla de la Púnica, ha asegurado que ambos exdirigentes controlaban todos los nombramientos de cargos y mandaban en lo que sucedía en la administración madrileña, en todos los niveles, señalándoles por las irregularidades. Según el ex secretario general del PP de Madrid, el sistema del Plan Prisma de inversiones -uno de los focos investigados por corrupción- se modificó por iniciativa de la antigua todopoderosa expresidenta madrileña. Aguirre estaba cansada de que los alcaldes del PSOE no le invitaran a las inauguraciones, ha declarado.
Granados, quien permaneció más de 31 meses en prisión preventiva, ha mantenido que el origen del dinero que guardó en Suiza es de origen legal, procedente de su actividad como inversor previa a la política, una coartada que no se creen los investigadores. La Fiscalía Anticorrupción considera que el antiguo consejero madrileño amasó su fortuna con las comisiones obtenidas ilegalmente por facilitar adjudicaciones a la trama. El investigado no ha aportado ninguna documentación este lunes para sustentar su declaración.
El juez que instruye la investigación ha recopilado indicios de los «tratos de corrupción» que Granados orquestó desde la Consejería de Transportes e Infraestructuras, que presidió entre 2003 y 2004, a los que dio continuidad según el instructor desde la Consejería de Presidencia, entre 2004 y 2011. García Castellón ha detectado «la adjudicación concertada de contratos públicos a favor de empresas amigas a cambio de comisiones». Están imputadas en torno a un centenar de personas.
