Otra semana de paro con cortes de carretera y escasez gasolina en Costa Rica

Costa Rica entró hoy en su segunda semana de huelga contra la reforma tributaria con nuevos bloqueos de carreteras y escasez de combustibles en las gasolineras, mientras el Gobierno insiste en hacer un llamamiento al diálogo y en persistir con su política de evitar el uso de la fuerza.

Hay largas filas de camiones cisterna en las instalaciones de la estatal Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE, monopolio de importación de hidrocarburos) que esperan a ser llenados para abastecer el carburante a todo el país.

En las gasolineras de San José hay filas de vehículos para llenar el tanque de gasolina y en muchas escasea, especialmente la gasolina súper.

En las provincias del interior del país también hay escasez de combustibles en muchas gasolineras.

Los cortes de carreteras, muchas veces temporales, se mantienen en el trayecto a la provincia de Limón (Caribe), y se prevé que ocurran más en la carretera interamericana a la altura de Barranca, provincia de Puntarenas.

Los sindicatos han llamado a bloquear la entrada a las instalaciones de RECOPE en Alajuela (centro), Cartago (este), Barranca (Pacífico) y Limón (Caribe), como la pasada semana.

También se produjo la noche del domingo una rotura del poliducto principal de combustible del país en la provincia de Alajuela (centro), hecho que se está investigando para determinar si se trata de vandalismo.

La semana pasada el Gobierno aceptó la propuesta de mediación hecha por la Conferencia Episcopal y el Consejo Nacional de Rectores, pero los sindicatos aún no dan una respuesta.

Para hoy los sindicatos tienen programadas marchas en San José y en la provincia de Limón (Caribe), así como en otras zonas del país.

Los sindicatos exigen la retirada del Congreso del proyecto de ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, cuya principal iniciativa es la conversión del impuesto de ventas del 13 % a un impuesto de valor añadido (IVA) con la misma tasa, pero que aumentará la cantidad de productos y servicios por gravar.

Los sindicatos aseguran que la ley afectará en mayor medidas a las clases medias y bajas, especialmente con las reducciones a pluses salariales en el sector público que la iniciativa plantea.

El Gobierno afirma que el 60 % del dinero que la reforma busca recaudar provendrá del 10 % de la población con mayores ingresos.