Un juez investiga un chat de policías por amenazas
El juzgado de Instrucción 42 de Madrid ha ordenado que se identifique a un grupo de policías municipales que, presuntamente,[…]
El juzgado de Instrucción 42 de Madrid ha ordenado que se identifique a un grupo de policías municipales que, presuntamente, amenazaron e insultaron a un compañero en un chat privado. El declarante es un sindicalista de CC.OO., 63 años y que trabaja en Vigilancia de Cámaras, muy cercano al director general del Cuerpo, Andrés Serrano, y que pidió al juez de guardia una orden de protección, sin que interpusiera ninguna denuncia por delito de odio. El litigio se encuentra aún en un momento muy embrionario y el magistrado debe decidir aún si lo manifestado tiene veracidad.
Pese a que en el chat se han vertido insultos a la alcaldesa de Madrid, entre otras personalidades, en ningún momento se está investigando un caso de odio. Hay que recordar que todos los improperios han sido dichos en un ámbito privado. Se califica a Carmena de «vejestorio despreciable» y alguien más comenta: «Lo que es terrible es que ella no estuviera en el despacho de Atocha cuando mataron a sus compañeros». Algunos de los participantes alababan a Hitler, insultaban a inmigrantes y llaman «hija de perra» a Pablo Iglesias. Pese a que estos improperios se realizaron en una conversación privada, el concejal de Seguridad, Javier Barbero, se apresuró ayer a decir que cabe la posibilidad de que se inhabilite a estos agentes. Por lo pronto, la Policía Municipal ha abierto una «información reservada», el paso previo a un expediente.
El sindicato CPPM, mayoritario en el sector, y UPM, desaprueban las descalificaciones vertidas por varios agentes en el chat, pero condenan también que se hagan públicos comentarios privados porque «perjudican la imagen» de la institución.
APMU recuerda que se trata de un grupo «privado, y no público» donde se vertían comentarios sobre la policía, política, fútbol, etcétera, y que ahora se han hecho públicos unos mensajes de integrantes de él «pertenecientes a su pensamiento y esfera privada, dentro de su libertad de expresión, siendo vulnerado su derecho a la intimidad al hacerse públicos, y siendo catalogados como delito de odio sin haber sido juzgados».
