Tres inspectores de Hacienda, preparados para ir a Cataluña
Los distintos ministerios se preparan para comenzar a asumir en los próximos días sus responsabilidades en las consejerías de Cataluña.[…]
Los distintos ministerios se preparan para comenzar a asumir en los próximos días sus responsabilidades en las consejerías de Cataluña. A la espera de que hoy o mañana, según fuentes gubernamentales, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publique la instrucción general de funcionamiento, los departamentos ministeriales han puesto en marcha la maquinaria para actuar rápidamente.
En el caso del Ministerio de Hacienda, el departamento que dirige Cristóbal Montoro tiene previsto enviar a Cataluña un equipo de tres inspectores de Hacienda. Estos funcionarios tendrán cómo misión verificar que el dinero del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) no se ha destinado para la causa independentista.
Por su parte, el Ministerio de Educación también está pendiente de conocer el contenido de esta instrucción para poder organizar el dispositivo que se hará cargo del departamento de Educación. Como primer paso, en el día de ayer, los secretarios generales y los directores generales del ministerio se pusieron en contacto con sus homólogos en la Administración catalana.
Trabajar juntos
Las fuentes gubernamentales consultadas por ABC aseguran que las conversaciones han sido «muy cordiales» y que hay «una total predisposición para trabajar de manera conjunta y con total normalidad». Desde el ministerio agradecen el tono que se han encontrado en los responsables educativos de esta Comunidad.
Al margen de este primer encuentro, en el Ministerio de Educación se está a la espera de recibir la contestación de la Consejería de Educación de la Generalitat al primer requerimiento, enviado tras las denuncias de padres sobre el adoctrinamiento en los colegios. El plazo finalizó el pasado viernes, y la Generalitat afirmó que se había enviado, pero a las diez de la mañana de ayer, no había llegado a Madrid.
En el caso que llegue, se estudiará su contenido y, si finalmente no se envía, el Gobierno tiene dos meses para interponer un recurso contencioso-administrativo.
