Fomento ultima restringir la venta de licencias de Uber y Cabify
El Ministerio de Fomento se encuentra ultimando un «catálogo de medidas urgentes» para controlar y restringir los servicios de transporte[…]
El Ministerio de Fomento se encuentra ultimando un «catálogo de medidas urgentes» para controlar y restringir los servicios de transporte de vehículos con conductor (las denominadas licencias VTC), en pleno enfrentamiento con el sector del taxi. En un comunicado, el departamento ministerial señala que se dispone a «iniciar urgentemente la tramitación de una nueva disposición normativa», con rango de real decreto, para «garantizar una convivencia ordenada y equilibrada entre ambos sectores».
Una de las principales medidas es la destinada a prohibir la compraventa de licencias VTC «durante un límite temporal de dos años desde su otorgamiento original». Con ello, el equipo de Íñigo de la Serna pretende disuadir «a aquellos que hayan solicitado licencias únicamente con fines especulativos y con el fin de operarlas». El Ejecutivo ya avanzó esta propuesta a finales del pasado mes de junio, que, como novedad, vendrá acompañada de un abanico de medidas para supervisar la actividad de las empresas de alquiler de vehículos con conductor, como la creación de un registro electrónico público en el que «deberán registrarse los servicios de VTC de manera previa a su prestación».
De este modo, el Gobierno quiere «garantizar la exigencia del requisito de contratación previa que rige para este tipo de vehículos» y evitar, así, que los servicios de Uber y Cabify «capten viajeros circulando por las vías públicas o mientras están estacionados en los sitios de concentración y generación de demanda, como son los puertos, los aeropuertos o las estaciones ferroviarias». Paralelamente, busca el cumplimiento del requisito de que, como permiten las licencias VTC, estos vehículos realicen un máximo de un 20% de su actividad trimestral fuera de la comunidad autónoma en la que se le otorgó la licencia. La Administración también confía en que estas exigencias permitirán que se respeten las condiciones de las autorizaciones VTC, aunque «pueda interpretarse que no sea necesario su cumplimiento» en los casos en los que las licencias se hayan logrado mediante sentencia judicial y no por la habitual tramitación administrativa.
El Ejecutivo subraya que, asimismo, ha adoptado medidas complementarias dirigidas al sector, como su inclusión en el plan de ayudas para la compra de vehículos de energías alternativas (coches eléctricos, autogás, etcétera), el hecho de que el Gobierno se haya personado en los «procedimientos judiciales más importantes donde se ha impugnado la denegación de licencias VTC en aplicación de la normativa estatal» y el procedimiento para establecer «matrículas diferenciadas» para los taxis y los vehículos VTC, con el fin de «frenar el intrusismo y la piratería en el sector».
