España no se librará de la multa por el déficit

España sabrá dentro de una semana, el día 27, el precio de haberse saltado por enésima vez las metas fiscales pactadas con la Comisión Europea. Habrá multa, la primera que se pone a un Estado miembro por ello, un estigma político de enorme envergadura. En el Gobierno insisten en que será de cero euros o nula, pero este miércoles un alto funcionario comentó a este diario que esa opción está perdiendo fuerza y se prevé que habrá que pagar algo.

Si se confirma, supondría un duro revés para el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos. Asimismo, ha reiterado que sólo bastará con un año más de prórroga para bajar el déficit del 3%. De 2016 a 2017. Sin embargo, Bruselas sopesa dar oxígeno dos años, hasta 2018, por la delicada situación política y la advertencia lanzada este miércoles por la Autoridad Fiscal (Airef), según desvelan fuentes de toda solvencia.

No hubo decisiones, pero el Colegio de Comisarios celebró este miércoles su primer gran debate político sobre España y Portugal (país también afectado) después de que el consejo de ministros de Finanzas europeos (Ecofin) confirmase por unanimidad que estos dos países no habían tomado medidas efectivas en 2015 para cumplir con las metas fiscales. En el caso español, el déficit se disparó hasta el 5,1% en lugar del 4,2% acordado (9.000 millones más). Y fue así, entre otros motivos, por la bajada de impuestos, la devolución de la paga extra a los funcionarios o el impacto negativo de la baja inflación en la recaudación.

Se nota que el tema incomoda sobremanera a la Comisión liderada por Jean-Claude Juncker pues intentó esquivar las preguntas que se esperaban. Lo único que quedó claro es que la multa y la nueva senda fiscal se aprobarán la semana que viene (día 27) y que la congelación de los fondos estructurales que también conlleva la sanción se decidirá «en septiembre» dado que es necesario establecer un «diálogo estructurado» sobre el cómo y el cuánto.

No obstante, la Eurocámara no puede impedir esta congelación, sólo aportar su opinión al debate, según dichas fuentes. Respecto a la cuantía, se habla de unos mil millones, pero la congelación podría quedar sin efecto ya que se trata de dinero de 2017 y la Comisión podría levantar el castigo dentro de tres meses si España cumple con los requisitos fijados. «Son créditos de compromiso de 2017 y con una senda razonable cumples y los recuperas», recalcó Miguel Arias Cañete, uno de los seis comisarios que compareció tras el Colegio. En este sentido, recordó que «hay créditos de pago a España para los próximos dos años, así que no para el flujo de inversión».

A corto plazo, lo más importante para España no es la cuantía de la multa, sino la nueva senda fiscal que se aprobará el miércoles. En mayo, Bruselas anunció su intención de dar un año más y dejarla en el 3,7% en 2016 y el 2,5% en 2017. Desde hace un par de semanas, De Guindos está negociando algo más de margen para este año (en torno al 4%) y hacer el grueso del esfuerzo en 2017. Este miércoles, sin embargo, el comisario de Economía, Pierre Moscovici, sugirió en el Colegio la posibilidad de que finalmente sean dos a tenor de las preocupantes noticias que llegan desde España.

8.000 millones de ajuste

Primero, en el plano político, donde la conformación de un Gobierno no está nada clara, y segundo, desde el punto de vista económico, ya que la Airef advirtió este miércoles de que el déficit podría dispararse este año hasta el 4,7% en el peor escenario. Si se confirma la previsión, obligaría al Ejecutivo a ajustarse en casi 20.000 millones para bajar del 3% en 2017.

¿La meta de 2018 es factible? Bruselas siempre la ha puesto encima de la mesa pero De Guindos nunca ha sido muy partidario para evitar otro estigma. Ojo con esta frase. «Si nos dan finalmente dos años, considerarán que somos un puñetero desastre», recalcaron fuentes del Ministerio de Economía en Amsterdam a un reducido grupo de corresponsales entre los que estaba este periódico. Era mayo. Desde Madrid se guarda silencio pero Cañete, preguntado al respecto, señaló que la prórroga de un año o dos depende del Gobierno.

Sea cual sea, de lo que no se librará España es de tener que acometer un nuevo ajuste estructural que ya el pasado mayo se cifró en 8.000 millones y que podría ser incluso mayor. Lo que la Comisión va a pedir es una dieta de adelgazamiento de verdad para evitar que el Gobierno siga fiándolo todo a los potentes vientos de cola de los que se ha beneficiado estos años gracias al BCE o a los bajos precios del petróleo. Además, se establecerán misiones trimestrales de técnicos para que controlar que la cuarta potencia del euro cumple con los nuevos deberes impuestos.