La Autoridad Fiscal cree que España incumplirá de nuevo el déficit
Baño de agua fría sobre el rumbo de las cuentas públicas a mitad de año. La Autoridad Independiente de Responsabilidad[…]
Baño de agua fría sobre el rumbo de las cuentas públicas a mitad de año. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha empeorado su previsión de déficit para este año a un rango que va del 4,1% al 4,7%. En ambos casos, muy por encima del objetivo fijado por el Gobierno en abril en el Programa de Estabilidad, del 3,6% del PIB.
El augurio más optimista se daría si el Gobierno aplica con rigor las medidas de ajuste anunciadas sobre todo el adelanto del Impuesto de Sociedades en los pagos fraccionados. En caso contrario, el boquete en las cuentas públicas se iría al 4,7%, más de un punto por encima del umbral que el Gobierno remitió a Bruselas hace tres meses.
En este baile de cifras, todo dependerá de si el Gobierno aprueba un tipo mínimo para las grandes empresas para que anticipen el pago fraccionado del Impuesto de Sociedades, un cambio que proporcionará 6.000 millones este año a las arcas públicas. Esta medida ya existía desde 2012 con carácter temporal hasta el año pasado: las empresas que facturaban más de 20 millones, al fraccionar el pago del tributo en abril, octubre y diciembre, tenían que adelantar al menos un 12% de su resultado contable. Después, en julio, cuando se presenta la declaración anual, se liquidan las diferencias.
Ahora el Gobierno ha anunciado que lo va reestablecer para levantar la maltrecha recaudación del tributo. En la información proporcionada por el Ejecutivo a la Autoridad Fiscal figura que el nuevo anticipo será permanente, por lo que continuará en 2017 y más allá. Asimismo, el Gobierno establecerá un tipo de, al menos, un 20%, es decir, casi el doble del 12% que pagaban hasta el año pasado.
Varios factores han cambiado desde la última previsión de hace tres meses de la Airef. El impacto de la bajada de impuestos sobre las arcas públicas ha sido mayor a lo previsto, lo que ha mermado la recaudación en Sociedades e IRPF. Asimismo, la inflación ha sido menor de lo estimado, lo que se traduce, también, en menores ingresos para Hacienda. Y por último, la Airef señala cierta desidia en la aplicación de los ajustes anunciados por parte del Gobierno y de las comunidades autónomas. De los 1.500 millones que el Ejecutivo señala que las regiones van a ajustar por la congelación de su gasto público, la Airef solo se cree 300 millones.
Las comunidades autónomas tenían que ajustar 1.500 millones, 700 a través de acuerdos de no disponibilidad de gasto y otros 800 por inejecución del presupuesto. De los primeros, solo Extremadura ha aprobado un ajuste creíble a ojos de la Airef, por importe de 44 millones. El resto de acuerdos no tenían efecto sobre el déficit, según el organismo. De los 700 millones restantes, la Airef solo admite como creíbles, 300.
Debido a ello, el organismo dirigido por José Luis Escrivá reclama que Hacienda retire los mecanismos de liquidez a las autonomías que no ajusten sus cuentas debidamente, tal y como Hacienda anunció que haría hace unos meses.
Del lado del Estado, la Airef señala que incumplirá el objetivo de déficit ?del 1,8% del PIB este año? al cerrar en el 2,1%. Si no aplica el anticipo para las grandes empresas, se irá al 2,7%, es decir, al mismo nivel que en 2015. El agujero en la Seguridad Social se irá al 1,6% del PIB ?frente al 1,1% exigido? mientras que la Autoridad Fiscal estima que las comunidades autónomas se quedarán cerca de la meta exigida, con un 0,8%, una décima por encima. Los ayuntamientos, por su parte, tendrán un superávit del 0,4%.
Del lado del Estado, el Gobierno anunció un recorte de gasto de 2.000 de los que solo ha instrumentado 1.700. El Estado controla a ayuntamientos y comunidades, pero no tiene ningún organismo desde el punto de vista de la Ley de Estabilidad, que vigile su propia evolución presupuestaria. Por ello, la Autoridad Fiscal va más allá. La Airef propone que las Cortes controlen la reducción del déficit de Hacienda. Sería a través de medidas preventivas, ya que el Gobierno enviaría un informe mensual de ejecución del Estado a la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados y a la propia Airef.
