Nóos se llevaron 2.875.000 euros netos solo de los forum en Valencia
La segunda semana de interrogatorios a los acusados del caso Nóos va a estar centrada, desde el momento en que[…]
La segunda semana de interrogatorios a los acusados del caso Nóos va a estar centrada, desde el momento en que hoy finalice la declaración del contable Marco Antonio Tejeiro, en la trama valenciana de este procedimiento. Cuatro son los altos cargos de esta Comunidad que están en el banquillo de los acusados, por hechos muy similares a los de sus colegas de Baleares: Luis Lobón, secretario autonómico de eventos de la Comunidad Valenciana; Jorge Vela, director gerente de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa); Elisa Maldonado, directora de gestión de Cacsa y José Manuel Aguilar, director gerente de esa entidad. A todos ellos se les acusa de Prevaricación, malversación de fondos públicos, fraude y tráfico de influencias. También está acusado por los mismos delitos Alfonso Grau, entonces teniente de Alcalde y presidente de la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau, aunque a él solo lo señala la acusación popular que ejerce Manos Limpias.
Según el escrito de acusación del fiscal Anticorrupción Pedro Horrach, los dos socios del Instituto Nóos, Diego Torres e Iñaki Urdangarín se llevaron de esta comunidad 2.875.000 euros netos por la organización de tres forum Valencia Summit celebrados en los años 2004, 2005 y 2006. Estos eventos, particularmente el de 2004, fueron el espejo en el que se mitó Baleares para organizar los Illes Balears Forum, también presentes en el juicio que se celebra en la sede de la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP), en el Polígono Son Rossinyol de Palma.
Según el fiscal Horrach, el origen de estos eventos se remonta a finales de 2003, cuando en entonces Duque de Palma coincidió con la que era alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, en un acto oficial. En una conversación informal, Urdangarín le comentó su reciente incorporación al Instituto Nóos y los proyectos que quería realizar a través de dicha entidad, particularmente «la organización de un encuentro internacional sobre la gestión de grandes eventos deportivos». Barberá se mostró muy interesada en que su ciudad fuera la organizadora y se concertaron varias citas, también con el presidente de la Comunidad Francisco Camps.
Una de estas citas, según el fiscal, se produjo en el Palacio de la Zaezuela el 29 de enero de 2004 «acudiendo también Diego Torres, quien junto con Iñaki Urangarín describieron a los citados representantes políticos el Instituto Nóos, a la par que les propusieron la celebración de un congreso en Valencia sobre grandes eventos deportivos y solicitaron financiación pública para acometer el proyecto». Luego siguieron varias reuniones más en la sede del Ayuntamiento y la Generalitat.
«Semanas después -concluye Horrach-, fruto de los citados contactos, ambos representantes políticos aceptaron la propuesta, en atención básicamente a que Iñaki Urdangarín era el yerno de Su Majestad el Rey, y ordenaron a sus respectivos subordinados (...) que procediesen a recibir y analizar la propuesta del Instituto Nóos para determinar si era factible legalmente desarrollar y financiar dicho proyecto».
Según Anticorrupción, para materializar el acuerdo se eligió la fórmula del convenio de colaboración con el objetivo de esquivar la Ley de Contratos de la Administración Pública, pues se obviaba así el concurso público y se podía beneficiar directamente al Instituto Nóos.
La entidad elegida para que firmase el convenio fue Cacsa y la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau, y la prueba de que todo era un simple artificio es que fue el propio Nóos el que redactó el mismo, que se prolongaría, mediante addendas, a 2005 y 2006. No hubo negociación, ni se cotejaron precios de mercado, ni se investigó la solvencia y experiencia de Nóos, mínima en cualquier caso porque se acababa de crear.
Una de las particularidades de ese convenio redactado por el Instituto Nóos era que se incluía un «canon», algo inédito en un contrato suscrito por un organismo público relativo a la prestación de un servicio. «Su significado -escribe Horrach- es obvio: cantidad a percibir por el Instituto Nóos para garantizar la presencia de Iñaki Urdangarín en el congreso y utilizar el área de influencia y contactos de este último».
Por si fuera poco, no había una cláusula que obligase a Nóos a justificar los el destino del dinero público recibido y existía una clásula de confidencialidad que choca con uno de los principios básicos que rigen la contratación administrativa, que no es otro que el de la «transparencia».
