Los gobiernos vasco y central acuerdan sobre la salud laboral de pescadores
Los gobiernos vasco y central han alcanzado un acuerdo que pone fin al litigio que ambos mantenían sobre las competencias[…]
Los gobiernos vasco y central han alcanzado un acuerdo que pone fin al litigio que ambos mantenían sobre las competencias en materia de salud laboral de los trabajadores del ámbito marítimo pesquero.
El pasado mes de diciembre, el Ejecutivo autonómico decidió recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la normativa estatal que regula la salud laboral y la formación de este sector, al considerar que "ningunea las competencias vascas".
El Gobierno español pretendía que el Instituto Social de la Marina se encargase de la protección, promoción y mejora de la salud laboral, así como de la elaboración y programación de los planes de formación en este área.
Sin embargo, el vasco defendía que esas materias, recogidas en el Estatuto de Gernika, fueron transferidas en los años 1985, 1996 y 2010.
Tras seis meses de negociación entre ambas instituciones en el seno de la "Comisión Bilateral entre el Estado y el País Vasco", se ha alcanzado un acuerdo que, según ha asegurado el Gobierno autonómico en un comunicado, respeta la transferencia de 2010 que reconoce a Euskadi la capacidad para "diseñar, planificar y programar" su propia oferta formativa en el ámbito marítimo-pesquero.
Gracias a este acuerdo, que publican hoy los boletines oficiales del Estado y del País Vasco, el Gobierno central "respetará" las competencias de Euskadi en materia de asistencia sanitaria, seguridad y salud laboral, así como de educación y formación profesional para el empleo en el ámbito marítimo, reconocidas en los artículos 12.2 y 18 del Estatuto de Gernika.
Así, será el País Vasco y no el Instituto Social de la Marina el que se encargue de desarrollar los reconocimientos médicos, la inspección de las condiciones sanitarias, el control de botiquines en los buques, la vigilancia de la salud de los trabajadores del sector.
Además, el Ejecutivo de Mariano Rajoy también reconoce la capacidad de la comunidad autónoma para aprobar planes de formación profesional marítima-pesquera, y para determinar las personas beneficiarias y los lugares donde se imparte esta formación.
Este acuerdo ha sido firmado por el consejero de Administración Pública y Justicia, Josu Erkoreka, y por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.
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