UGT y CCOO refuerzan unidad de acción para pedir apoyo a fuerzas progresistas

UGT y CCOO de Asturias han apostado hoy por reforzar la unidad de acción que mantienen en las últimas décadas a través de una resolución en la que llaman a los trabajadores a votar de forma masiva el 26 de junio a partidos que apuesten por políticas progresistas que se identifique con las propuestas sindicales.

La resolución ha sido aprobada durante la reunión que hoy han mantenido las cúpulas de ambas organizaciones después que Javier Fernández Lanero, que ha apostado por profundizar en dicha unidad, tomase el relevo de Justo Rodríguez Braga al frente de UGT-Asturias.

Según su homólogo en CCOO, Antonio Pino, ambos sindicatos, pese a no pedir el voto expresamente para ninguna fuerza política, consideran necesario un cambio de gobierno tras el 26J que permita "acabar con las políticas del PP" y que derogue las dos últimas reformas laborales, la LOMCE y la denominada 'ley mordaza'.

Entre las exigencias al próximo Ejecutivo figuran también el restablecimiento del equilibrio en la negociación colectiva y la recuperación del poder adquisitivo de los asalariados después de que las sucesivas reformas laborales hayan servido para aumentar el paro, limitar la cobertura a los desmpleados y generar incluso la figura del "trabajador pobre" al percibir sueldos muy reducidos.

La 'hoja de ruta' diseñada por ambas centrales contempla además la exigencia al Gobierno regional de que cumpla en todos sus aspectos, pese a la prórroga presupuestaria vigente, el reciente acuerdo de concertación firmado con sindicatos y patronal.

En este sentido, Pino ha advertido de que dicho documento contempla desarrollar políticas que permitan reducir las listas de espera sanitaria a través del decreto que prepara el Gobierno regional, pero sin que se contemple la posibilidad de derivar pacientes a centros privados sino únicamente a concertados.

Los sindicatos mayoritarios defienden además la firma de un acuerdo con amplia base social, que supere el ámbito estrictamente político, para trasladar al futuro Gobierno central las principales reivindicaciones de Asturias en materia de infraestructuras o la exigencia de una política industrial que impida la deslocalización de multinacionales por la elevada tarifa eléctrica que pagan.

En este ámbito, Lanero ha mencionado también la necesidad de una defensa desde Asturias de la supervivencia del sector de la minería del carbón después de que un Gobierno en funciones pactase con la Unión Europea el cierre en 2018 de veintiséis explotaciones a cambio de conceder ayudas públicas por importe de 2.130 millones de euros.

Los sindicatos defienden además la necesidad de que la Junta rechace la iniciativa legislativa impulsada por el PP para suprimir el Consejo Económico y Social (CES) aunque están dispuestos a que se aborde una reforma de este organismo, del que forman parte junto a la patronal, la Universidad o la Federación de Concejos, para que deje de estar presente el Gobierno e incorpore a nuevos agentes.

El CES, han subrayado, es uno de los organismos donde los sindicatos desempeñan la labor de representatividad que les otorga la Constitución "aunque algunos no se quieran enterar", un ámbito en el que han reclamado además la elaboración de una ley de participación que regule su presencia en las instituciones.

UGT y CCOO mantendrá además su campaña "Huelga no es delito" contra la aplicación del artículo 315.3 del Código Penal que mantiene encausados a decenas de sindicalistas, una circunstancia que, ha subrayado Pino, no se produce en otros países europeos como Francia pese a las intensas movilizaciones que se producen.

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