CCOO exige al Gobierno que cumpla y restituya derechos a empleados públicos

La Federación de Servicios a la Ciudadanía, la de Sanidad y la de Enseñanza de CCOO Cantabria han exigido hoy[…]

La Federación de Servicios a la Ciudadanía, la de Sanidad y la de Enseñanza de CCOO Cantabria han exigido hoy al Gobierno que "cumpla su promesa" de restituir todos los derechos de los empleados públicos y derogue la Ley de Sostenibilidad de los Servicios Públicos de 2012.

El secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Cantabria, Francisco Javier Báscones, también ha pedido que se complete el proceso de negociación para una Ley de Función Pública en la región.

Báscones ha planteado estas exigencias en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por la secretaria general de la Federación de Sanidad de CCOO, Asunción Ruiz, y la secretaria general de Enseñanza, Conchi Sánchez.

El secretario general de Servicios a la Ciudadanía de CCOO ha reclamado además un estudio sobre la disminución de la temporalidad en el sector público que, según ha explicado, es el que "mayores" índices tiene en el mercado laboral español.

Báscones ha asegurado que el sindicato plantea estas exigencias al Gobierno porque "es de justicia" la recuperación de los derechos y porque "es un compromiso" del actual Ejecutivo.

El representante de CCOO ha recordado que, en 2015, el consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, planteó en el Parlamento de Cantabria "recuperar los derechos perdidos por los empleados públicos y contribuir a la imagen y el prestigio de su trabajo".

Además, según ha añadido, De la Sierra denunció la congelación de retribuciones, la falta de oferta de empleo público, el incremento de la jornada de trabajo, la supresión de una paga extraordinaria, la modificación de los convenios colectivos, la reducción de los días de libre disposición y la limitación de los derechos sindicales.

Báscones ha explicado que, desde que en marzo de 2016, el consejero se comprometiera a restituir todo los derechos, se ha cumplido una parte de ese proceso de negociación, pero ha asegurado que "falta el compromiso de derogar la Ley de Sostenibilidad de 2012 y recuperar todos los derechos".

La secretaria general de la Federación de Sanidad de CCOO ha demandado, en la misma línea, que durante el debate de los presupuestos de 2017 se abra un marco de negociación para "seguir recuperando los derechos arrebatados" y ha asegurado que espera que De la Sierra "rompa con las restricciones que impuso el Gobierno anterior".

Además ha pedido una Oferta Pública de Empleo "masiva" porque existe una "altísima temporalidad" y unas plantillas que "nunca estuvieron sobredimensionadas" pero que, según ha expuesto, ahora mismo con la tasa de reposición "ridícula" está generando una "sobrecarga en los servicios".

La secretaria general de Enseñanza de CCOO Cantabria ha afirmado que "ya es hora de pasar a la acción" y que "la buena voluntad y las buenas palabras están muy bien" pero ha advertido de que si no se empiezan a hacer cosas efectivas como derogar la Ley de Sostenibilidad de 2012, que todavía está vigente, "no se van a poder dar grandes pasos en la negociación".

Otro de los "grandes problemas" que afecta al sistema educativo es la "altísima tasa de interinidad", cerca del 33 % de la plantilla, que "desestabiliza el sistema" e impide que se estén definidas las plantillas a principio de curso, ha añadido.

Sánchez ha asegurado que es la Administración la que primero tiene que dar ejemplo en cuanto a la "estabilidad en el empleo y las condiciones de los trabajadores" para que haya una amplía oferta de empleo público, que facilite la estabilidad y continuidad de las plantillas.

Y ha pedido que se cubran cuanto antes las bajas que se producen en el departamento de Recursos Humanos de la Consejería de Educación y que no dependen de ella, "porque más de 4.000 personas están organizadas por entre 3 y 4 funcionarios".

Sánchez también ha solicitado que las bajas por incapacidad temporal en Educación se cubran desde el primer día y ha afirmado que desde 2013 el Gobierno cántabro "se ha ahorrado 679.920 euros en incapacidad temporal".

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